* Se cumplen 4 años de la entrada en vigor de la Ley Migratoria.
Ciudad de México, 25 de mayo de 2015. Al cumplirse hoy cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Migración (LM), la primera en México y con la que se buscaba ampliar la protección de los derechos humanos de la población migrante, hay escasos avances, pues la legislación se centró en la regulación de la entrada y salida de la población mexicana y extranjera y el tránsito y la estancia de las personas extranjeras bajo la preservación de la soberanía y la seguridad nacional, lo que no trajo ningún efecto positivo para la población migrante, denunció el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, integrado por 20 organizaciones y expertas de la sociedad civil.
El Grupo de Trabajo llamó al Poder Legislativo a anteponer los derechos humanos a los intereses partidistas y aprobar las reformas necesarias.
Las organizaciones criticaron que, a 4 años de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, aún no existe una armonización con las 32 entidades federativas; el control y la verificación migratoria siguen siendo arbitrarias y contrarias a la misma Ley y a la Constitución; la regulación y regularización migratoria no obedece a la realidad de la población migrante, y el acceso a la justicia sigue siendo un pendiente, «pese a que la LM se crea en el marco de una de las masacres más cruentas en nuestro país: la de las 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas», recordaron.
El Grupo de Trabajo envió a la Cámara de Senadores un paquete de propuestas de reformas a la Ley con el objetivo de modificar aquellos artículos que impactan de manera negativa los derechos humanos de la población migrante, centradas en siete ejes fundamentales como el acceso a la justicia, las condiciones de detención y alternativas, el procedimiento administrativo migratorio, la regulación y regularización migratoria, la participación ciudadana, la infancia migrante y el fortalecimiento institucional. «Sin embargo, a la fecha dichas reformas siguen sin ser discutidas en el pleno», lamentó.
Las organizaciones señalaron que en materia de acceso a la justicia, las reformas propuestas buscan asegurar que las personas migrantes y solicitantes de asilo puedan acceder a la justicia, sin importar su estatus migratorio, así como contar con un representante legal de su elección a quien se le permita la entrada a las estaciones migratorias para realizar su labor. En cuanto a las condiciones de detención de las y los migrantes, abundaron, el objetivo del Grupo de Trabajo es asegurar que la privación de la libertad sea una excepción y no la regla para la población migrante, «toda vez que entrar al país de forma irregular representa una falta administrativa y no un delito».
El Grupo de Trabajo explicó que otro de los retos de la Ley es la regulación y regularización migratoria, por lo que buscan «flexibilizar los requisitos para que la población migrante pueda regularizar su situación migratoria en el país, apegados a sus necesidades», mientras que para asegurar que las personas migrantes y solicitantes de asilo que han sido detenidas por el INM tengan acceso a un debido proceso, es importante que exista un procedimiento administrativo que les informede sus derechos y la razón por la que han sido detenidos.
Las organizaciones insistieron en la necesidad de una reestructuración del Instituto Nacional de Migración, «toda vez que la labor de control y verificación migratoria que realizan viola sistemáticamente los derechos humanos de la población migrante». Consideraron necesario también generar una cultura institucional de derechos humanos y seguridad humana, «pues no basta con una reingeniería institucional». Ello implica, agregaron, dejar de considerar al Instituto como una institución de seguridad nacional.
Para que estas cambios sean posibles, «desde el GTPM se ha propuesto reformar diversos artículos de la LM y su reglamento, así como el Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM), el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos en materia de protección a migrantes del INM, los Lineamientos para tramites y procedimientos migratorios, los Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de gobernación y relaciones exteriores, y el Acuerdo por el que se crea el Centro de evaluación y control de confianza del INM», finalizaron.