Ordenan a la PGR abrir caso Ayotzinapa/ Reforma La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar en versión pública la investigación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, así como las declaraciones de 36 militares que fueron entrevistados, ordenó ayer el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). El Pleno determinó que la reserva invocada por la PGR en el sentido de que la información está reservada por ser una averiguación previa no es procedente, pues se trata de hechos en los que se puede presumir que hubo violaciones graves a los derechos humanos. «Al tratarse de una averiguación previa que se encuentra en trámite resulta aplicable la causal de reserva contemplada en el artículo 14 (de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información). «Sin embargo, existe una excepción prevista en el último párrafo del precepto referido, la cual señala que no podrá invocarse el carácter de reservado (si es) una investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad», apuntó la comisionada ponente, Areli Cano, Sobre los hechos, resaltó Cano, no sólo el INAI considera que se está ante hechos que pueden constituirse como vulneraciones graves, sino que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en el mismo sentido.
‘Narco comunitarios’ rompen bloqueo y amenazan a ciudadanos en Chilapa/ Proceso Habitantes de la cabecera de Chilapa bloquearon la carretera federal que conecta con la región de la Montaña porque autoridades estatales incumplieron el acuerdo de retirar a la guardia comunitaria ligada al grupo delictivo Los Ardillos, la cual mantiene sitiada la población desde hace cuatro días. No obstante, los civiles armados rompieron el bloqueo amagando a los ciudadanos que colocaron piedras sobre la vía en el punto conocido como “El Arco” de la entrada principal frente a la mirada impasible de soldados y policías federales. Al respecto, personas que participaron en el bloqueo carretero criticaron la actitud “pusilánime” del gobernador Rogelio Ortega y señalaron que, junto al Ejército y la Policía Federal (PF), es cómplice de la banda Los Ardillos, dirigida por los hermanos del presidente del Congreso estatal, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez.
‘‘Por motivos de salud’’, Miranda Nava vuelve a plantar a jornaleros/ La Jornada Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), no acudió de nuevo a la mesa de negociación para resolver las demandas de miles de jornaleros agrícolas de San Quintín. A las 9:30 de la mañana, los dirigentes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social informaron en la colonia San Juan Copala, de la delegación Vicente Guerrero, que Miranda Nava no acudiría porque estaba hospitalizado en la ciudad de México, debido a una enfermedad que no identificó. A las 18:30 horas, sin embargo, las negociaciones se estancaron debido a la demanda del movimiento social de liberar a cuatro jornaleros acusados por el gobierno del estado de ‘‘daños a propiedad pública y privada’’, durante la incursión policiaca del pasado 9 de mayo, por lo que la juez penal de San Quintín, Martha Flores Trejo, les fijó el martes fianzas de 7.5 millones de pesos en promedio a cada uno. Entonces se acordó un receso, porque los jornaleros no cedieron en ese primer punto.
México: caso se enreda en la desaparición de los 43 estudiantes/ The Intercept Durante los últimos seis meses, The Intercept ha conducido una investigación sobre el caso del gobierno basado en la revisión de una parte del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR). Los archivos incluyen declaraciones de algunos de los policías municipales y miembros de las organizaciones criminales presuntamente relacionadas en los eventos de esa noche. The Intercept también examinó informes producidos por las fuerzas de seguridad en el área y condujo docenas de entrevistas, incluidas aquellas con estudiantes que sobrevivieron la noche de violencia. También analizó, durante varios meses, reportajes de periodistas de investigación en México. La investigación ha revelado los esfuerzos conjuntos del gobierno federal para enfocar la culpabilidad a los actores municipales, aunque existe evidencia de un expansivo círculo de responsabilidad. Oficiales de mayor rango en la Ciudad de México han presentado un estrecho y manipulado escenario de un masivo secuestro cometido por oficiales locales y llevado a cabo por sicarios en el área de Iguala. Pero evidencia en los archivos propios del gobierno indican un caso de desaparición forzada, el cual incluye — distinto del delito de secuestro — la participación activa o pasiva de oficiales estatales y puede constituir un crimen de lesa humanidad en la cual el estado carga responsabilidad.
Alerta Amber recupera 63% de los extraviados/ El Financiero Desde su puesta en marcha, a partir de mayo de 2012 y hasta el cierre de 2014, la Alerta Amber ha localizado a 63.8 por ciento de los 428 menores de edad que fueron reportados como desaparecidos. De acuerdo con las estadísticas más recientes de la Procuraduría General de la República (PGR), en los 32 meses que operó el programa se logró ubicar a 269 infantes y de los 159 restantes siguen sin tener rastro de su paradero. Los estados que concentraron la mayor cantidad de alertas en ese periodo fueron Hidalgo, Tabasco, Morelos, Puebla y Oaxaca. La primera de las entidades concentró 47 alertas, la segunda 44, y las siguientes tres, 38, 34 y 33, respectivamente. Juntas concentraron 47 por ciento del total.
Sandra Luz pagó con su vida por ser madre en lucha; a 365 días, Sinaloa le niega justicia/ Sin Embargo Su nombre real era Sandra Luz Martínez Hernández, pero con el tiempo se hizo llamar sólo por su apellido materno, así registró a sus hijos, así se presentó ante la sociedad, así se quedó en la memoria de activistas y compañeros de batalla, es el legado que ella quería dejar: ella fue Sandra Luz Hernández, la mujer que fue asesinada hace un año mientras buscaba a uno de sus hijos, desaparecido de manera forzada. Su imagen aún está en el colectivo social, se convirtió en el emblema de lucha, de exigencia, de reclamo de justicia. Buscaba a su hijo Édgar Guadalupe García Hernández, un joven que trabajaba en la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa como office boy del Procurador Marco Antonio Higura Gómez. A un año de su homicidio, el periódico Noroeste de Culiacán reconstruye las últimas 24 horas de Sandra Luz, a partir de información del expediente de su caso y testimonios de personas cercanas a la activista.
Exigen justicia para Ricardo y derogación de leyes que legalizan el uso de la fuerza letal/ Somos el Medio Jóvenes de Puebla, Distrito Federal, Guadalajara y New York exigen simultáneamente justicia para la familia de Ricardo y derogación de las leyes que legalizan el uso de la fuerza letal, criminalizan a la juventud y castigan la libertad de expresión. La madrugada del 3 de mayo salía de un local y caminaba con su hermano y un amigo cuando fueron alcanzados por una patrulla. De acuerdo a las declaraciones iniciales del policía Jaid Mothe, subdirector de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, los encontró grafiteando con un gis en un domicilio particular y al intentar someterlos accidentalmente se acciono su arma, que portaba a la altura del pecho. De acuerdo a las declaraciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el joven de 18 años y estudiante de bachillerato no se encontraba pintando, no opuso resistencia y recibió el balazo en la nuca, según el informe de balística. Ante esta situación al policía le dictaron auto de formal prisión y será juzgado por homicidio y abuso de autoridad. Para la población del municipio, de la entidad e incluso a nivel nacional e internacional, este hecho representa la punta del iceberg para no seguir permitiendo la criminalizando hacia los jóvenes, impulsar el derecho a la libertad de expresión, asociación y libre tránsito.
A Nestora le insertaron agujas que daban choques eléctricos en todo su cuerpo: abogada/ Revolución 3.0 El Estado mexicano no ha cumplido las medidas cautelares emitidas el 28 de enero de este año en favor de Nestora Salgado García, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); poniendo en riesgo la vida de la activista social, quien ayer cumplió siete días en huelga de hambre, en una prisión de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. En entrevista telefónica con Revolución TRESPUNTOCERO, la abogada Alejandra Gonza, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, explicó que desde noviembre de 2013 se buscaron las Medidas Cautelares para Nestora, una batalla que se libró por más de un año y fueron otorgadas recientemente en enero. A partir de que la clínica de Seattle atrajo el caso, se ha buscado “la liberación inmediata de Nestora en lo que corresponde en derecho, y segundo en tanto que esa liberación no ocurra, pedíamos el traslado humanitario a un hospital cercano a la familia en el Distrito Federal (lo que no fue aceptado), así como las medidas cautelares pero finalmente no se cumplieron ninguno de los tres elementos”, mencionó.
Asesinados tres activistas defensores del agua en Chihuahua: Heraclio Rodríguez/ El Pueblo.com Ante el avance de la reforma a la Ley Nacional de Aguas, que aunque se encuentra detenida en comisiones del Congreso de la Unión, ya se discute en los estados y congresos locales, el activista y líder barzonista Heraclio Rodríguez manifestó que esa ley quita el agua a los ciudadanos para destinarlo a la extracción de gas shale, por lo que consideró que se debe tomar todas las expresiones y opiniones de los sectores involucrados, principalmente la gente del campo, luego que el estado ha tenido conflictos por el agua. “Consideramos que ley no debe de pasar, debe de hacerse un conceso con todas las organizaciones, con todos los productores para regular uso de agua”, indicó el activista el explicar que en el estado uno de los principales conflictos es por el vital líquido, donde existe el registro del asesinato de tres activistas que su principal acción de lucha social fue la defensa de los recursos naturales. “Ismael Solorio, Manuelita Solorio y el caso de un compañero de Villa Ahumada Alberto Almeida, donde ellos su principal actividad de lucha social fue defensa de recursos naturales y el agua del rio de Carmen, los acuíferos de Santa Clara y Ahumada, todos ellos son parte del distrito de Kamel Athie”, señaló.