Suspende EU apoyo a batallón del Ejército implicado en el caso Tlatlaya: “The Intercept”/ Proceso A partir de la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Estados Unidos realizó algunos informes en los que manifiesta su sospecha sobre la complicidad del gobierno mexicano con los cárteles de la droga y el involucramiento del Ejército en actividades ilícitas. Como castigo, en el primero de los casos suspendió la ayuda militar al Batallón 102 del Ejército; en el segundo evitó definir su postura. Los documentos que fueron desclasificados a través de la Ley de Libertad de Información mediante solicitudes realizadas por investigadores de la organización Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive), y publicados por The Intercept, una revista electrónica que sirve, entre otros objetivos, como una plataforma para informar sobre los documentos publicados por Edward Snowden, revelan que por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón 102 en junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, de manera excepcional Washington paralizó fondos que iban destinados al Ejército.
Consigna PGR al que entregó a normalistas/ El Financiero Francisco Salgado Valladares, ex subdirector Operativo de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, fue consignado ante un Juez penal por su presunta participación en la agresión a normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre pasado. Este sujeto es acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de ser quien ordenó disparar contra normalistas de Ayotzinapa y entregar a los sobrevivientes al grupo criminal de Los Guerreros Unidos. Además, se le acusa de recibir 600 mil pesos al mes de esa misma organización delictiva, dinero que se utilizaba para el pago de la «nómina» de los municipales y garantizar que se pusieran al servicio del crimen organizado. La Secretaría de Gobernación dijo en un comunicado, emitido tras la detención del capo, que los testigos acusaron que Salgado Valladares ordenó a su homólogo de Cocula, César Nava González, el traslado de 13 estudiantes a la «Loma de los Coyotes» para entregarlos a Guerreros Unidos. El capo quedó a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, donde se le relacionó con la flagrante violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La caravana yaqui en defensa del agua inicia su recorrido por el país/ La Jornada La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lleva dos años sin cumplir la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de realizar una consulta entre la tribu yaqui sobre el proyecto del acueducto Independencia, señalaron decenas de organizaciones. En tanto, ayer comenzó la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, encabezada por la tribu yaqui, que recorrerá el país desde Vícam y Cajeme, en Sonora; Pijijiapan, en Chiapas, y Piedras Negras, en Coahuila, para llegar al Zócalo de la ciudad de México el 22 de mayo, luego de recorrer 23 estados. En 2013 la SCJN falló contra la autorización de la manifestación de impacto ambiental que la Semarnat otorgó al gobierno de Sonora para construir el acueducto Independencia, pues emitió el permiso sin cumplir la obligación legal de informar, consultar y buscar el consentimiento de las comunidades indígenas, señalaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y otras decenas de organizaciones.
Jornaleros culpan a policías de agresión/ El Economista Fidel Sánchez, vocero de los jornaleros del Valle de San Quintín en Baja California, responsabilizó a la Policía Ministerial y estatal de la agresión directa que sufrieron el pasado sábado los trabajadores agrícolas en tres colonias de la delegación Vicente Guerrero. «En la comunidad Mesa de San Ramón sector triqui entró la policía ministerial, la estatal, tirando balas de goma a todos los compañeros que iban encontrando a su paso sobre el boulevar principal de la entrada de esta comunidad». En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, Fidel Sánchez afirmó que algunos jornaleros fueron perseguidos hasta sus domicilios «entraron hasta la casa donde viven los compañeros, les lanzaron granadas de lacrimógenos, golpearon a niños de siete a nueve años, mujeres, personas de la tercera edad». Destacó que existen fotografías y videos que demuestra que los trabajadores agrícolas fueron agredidos en el boulevar, lo que desató el enojo de los jornaleros e incendiaron dos unidades de la policía estatal. Fidel Sánchez afirmó que la agresión fue directa contra los jornaleros de tres colonias: «Mesa de San Ramón, sector triqui, las Misiones y la colonia 13 de mayo».
La CNDH a Borge: Encerrar a Pedro Canché busca inhibir la libertad de expresión, libérelo/ Sin Embargo La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, y a los integrantes del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal, cometidas en agravio del periodista Pedro Canché. El también activista interpuso una queja ante la Comisión el 28 de agosto del año pasado. Denunció amenazas por parte de dos personas, una de ellas servidor público, quienes le enviaron mensajes intimidatorios y lo involucraron en los hechos relacionados con el bloqueo de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que tuvo lugar del 11 al 19 de agosto, evento que cubrió y difundió en ejercicio de su libertad de expresión desde el día 16 de ese mes. Pedro Canché también dijo que servidores públicos de Quintana Roo lo inculparon de ser el organizador de una manifestación y bloqueo a las oficinas de la CAPA. En consecuencia de una denuncia de hechos el día 22 de agosto, se ejerció acción penal en su contra y de otras dos personas por el delito de sabotaje y posteriormente fue detenido y recluido en la cárcel pública Municipal.
“Autoridades trataron a mi padre como a un animal”: hija del periodista Armando Saldaña/ Animal Político A las cuatro de la madrugada del martes 5 de mayo, Marslen y sus hermanos caminan en silencio por las calles vacías de Acatlán de Pérez, el municipio oaxaqueño donde unas horas antes apareció con cuatro balazos el cuerpo sin vida de su padre, el periodista veracruzano de 52 años Armando Saldaña. Aún en estado de shock por la noticia, los hermanos deambulan en plena noche cerrada por los alrededores del cementerio en busca de algún agente del Ministerio Público (MP) de Acatlán que los acompañe, o al menos les indique dónde se encuentran los restos mortales de “Saldaña”, el reportero asesinado número 17 en el estado de Veracruz desde el año 2000 a la fecha, y el número 12 desde que el priista Javier Duarte accedió a la gubernatura en el verano de 2010. Pero en el panteón no hay ningún agente del MP. Ni de la policía municipal, ni ninguna autoridad. Nadie. Sólo una puerta entreabierta recibe a los hijos del periodista, que durante minutos caminan a tientas entre lápidas y arreglos florales hasta que, al fin, dan con un lugar al que llaman ‘centro de descanso’. Allí, en una pequeña habitación de cuatro metros cuadrados y un techo de lámina, yace abandonado sobre una plancha de cemento el cadáver de Armando Saldaña.
Defensa del istmo oaxaqueño, los bienes comunes y el territorio/ Más de 131 El Istmo de Tehuantepec permanece amenazado por megaproyectos de empresas eólicas que despojan las tierras comunales para construir y colocar 1600 generadores. Estas construcciones obedecen a un megaproyecto eólico, pero también a un proyecto de corredor transístmico de hidrocarburos, a plantaciones de palma africana para utilizarla como energético y la apertura de minas a cielo abierto por todo el estado. Hasta el momento, las comunidades no han sido consultadas sobre los megaproyectos, su voz respecto a la construcción de estos proyectos no ha sido tomada en cuenta, ni sus intereses, ni derechos de los pueblos, ni el daño ambiental, pese a que ellos son los propietarios de esas tierras. La realización de una consulta es una petición formal. Pero las comunidades no se han quedado con los brazos cruzados frente al hostigamiento. Además de denunciar despojos, divisionismo, daños ambientales y violencia, los pasados días 24, 25 y 26 de abril realizaron el III Foro nacional “El Istmo es nuestro” en el centro agroecológico Yajkxonax (tierra bonita, en lengua ayuuk), cerca de Matías Romero, Oaxaca.