* Las sobrevivientes afirman que buscan justicia, «no dinero».
Ciudad de México, 05 de mayo de 2015. Considerada por organizaciones internacionales como un precedente histórico para la defensa de los derechos de las mujeres en las Américas, la denuncia contra el Estado mexicano por la tortura sexual en Atenco está a punto de resolverse con el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya publicación se espera para este año 2015. Sin embargo, la respuesta del Estado está lejos de ser un buen precedente dentro de la grave crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país. Las acciones del gobierno muestran que no le interesa la verdad, justicia y reparación a las mujeres sobrevivientes, sino atajar un caso en el que está implicado directamente el hoy presidente de la República.
No solamente se trata de que a nueve años del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 el caso permanece en la impunidad, pues no se ha impuesto ninguna pena a los agentes estatales participantes, ningún servidor público a nivel federal ha respondido por dichas violaciones, ni se han deslindado responsabilidades conforme a la cadena de mando. A estas graves fallas de la justicia se suman los intentos oficiales de interferir con la resolución del caso a nivel interamericano, lo que viola de nueva cuenta los derechos de las sobrevivientes a esta grave práctica.
La denuncia contra el Estado mexicano ante la CIDH se interpuso en el año 2008; desde entonces, y de manera pública, las once mujeres peticionarias han dicho que no hay posibilidad de poner punto final al caso mediante una “solución amistosa”, es decir, una conciliación internacional, y que esperarán a la decisión de la CIDH en el litigio porque su interés es la justicia y no el dinero.
Ante esta postura y como parte de una supuesta “reparación” para convencer a la CIDH de que está en marcha una solución, el 19 de marzo de 2015 las autoridades del Estado de México publicaron en la Gaceta oficial un edicto que identifica a las 11 mujeres por su nombre y anuncia la constitución de un no solicitado fondo a su favor, con lo que pasa nuevamente por encima de la palabra de las sobrevivientes y las coloca en una situación de inseguridad.
El Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina; Conectas Direitos Humanos, de Brasil; la Fundación para el Debido Proceso; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, de México, y el Instituto de Defensa Legal, de Perú, son algunas de las organizaciones que se han pronunciado recientemente sobre el caso. Resaltan que en el contexto de impunidad en las graves violaciones a derechos humanos en México, “adquiere especial relevancia el papel de los mecanismos internacionales de derechos humanos para impulsar los cambios que llegan a constituir el legado de casos como este, litigado durante tantos años con valentía y dignidad por once mujeres convencidas de la importancia de transformar las estructuras que posibilitaron los actos que sufrieron”.
Las once mujeres denunciantes han recorrido un camino de nueve años para construir justicia y contribuir a frenar, de forma estructural, la práctica de la tortura sexual por parte de las policías y las fuerzas armadas de México. Fueron las iniciadoras de la campaña Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual; en su andar han conocido a otras sobrevivientes de esta atroz práctica y las han animado a hacer una denuncia pública de su situación.
El mensaje de las sobrevivientes es que no cejarán en su búsqueda de justicia, a pesar de los diversos golpeteos del Estado mexicano que, denuncian, las ha intentado atemorizar, comprar o dividir, y reiteran que tienen la mirada puesta en la próxima resolución de la CIDH.
Mientras que es deseable que el organismo de justicia interamericano pueda emitir el informe de fondo en su periodo de julio, es urgente que el Estado deje de hostigar a las denunciantes y de interferir en la resolución del caso con acciones que, a la mirada de las sobrevivientes y de sus acompañantes, son de franca hostilidad.