* Tlatlaya y Ayotzinapa “reflejan un patrón mucho más generalizado de abusos”.
Ciudad de México, 29 de abril de 2015. Con “preocupación” por la crisis que enfrenta México, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) pidió a la procuradora federal Arely Gómez que sus declaraciones en favor de los derechos humanos “se traduzcan en acciones concretas” frente a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura. En una carta hecha pública ayer, el director José Manuel Vivanco insistió en que los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa son parte de “un patrón mucho más generalizado de abusos que HRW y otros actores hemos documentado en México en los últimos años”.
Al recordar los compromisos públicos que Gómez hizo cuando asumió la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR), HRW emitió una serie de recomendaciones para alcanzarlos: asegurar que la unidad especial de la PGR y otros agentes relevantes del Ministerio Público tengan los recursos y el personal que necesitan, y que los investigadores reciban cooperación plena y activa de todas las instituciones federales y de los estados; acelerar la implementación en todo el país de la base de datos Ante-Mortem/Post-Mortem, “que podría aportar información clave para que los agentes del Ministerio Público impulsen investigaciones penales”; permitir que expertos independientes involucrados en la investigación de las desapariciones en Iguala, y cualquier otro caso en el que se requiera su intervención, realicen su labor sin interferencias indebidas; y dar a conocer los nombres de las 30 mil personas cuyo paradero se desconocía y han sido halladas, así como de las 22 mil que continúan extraviadas, según cifras gubernamentales basadas en información recogida por las procuradurías de justicia.
La organización internacional consideró “sumamente importante” que la PGR trabaje en estrecha colaboración con organismos internacionales de supervisión de derechos humanos, incluidos todos los órganos de derechos humanos del sistema interamericano y de Naciones Unidas “que han emitido recomendaciones para que México aborde la grave impunidad que prevalece en el país”. En particular, “confiamos que se brinde pleno apoyo a los expertos designados por la CIDH para evaluar las políticas públicas con las que México espera abordar las desapariciones forzadas y en especial la solidez de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, resaltó Vivanco.
En la carta se recordó que “otros altos funcionarios del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto han emitido declaraciones similares en el pasado” (refiriéndose al compromiso de hacer justicia en las violaciones a derechos humanos), pero las medidas que adoptaron para implementar esos compromisos” han sido insuficientes y los resultados que obtuvieron han sido muy pobres”.
Al insistir sobre la permanencia del fenómeno de las desapariciones de personas, HRW señaló que las respuestas que se han dado han sido ineficaces, y resaltó como consecuencia de ello el caso Ayotzinapa. Consideró posible que los elementos incinerados que el exprocurador Murillo aportó como evidencia de que se habían quemado los cuerpos de los estudiantes, “en verdad se hayan quemado durante un incendio ocurrido en ese sitio en otro momento”.
En cuanto a Tlatlaya, la organización recordó que en un informe de 2011, “Ni seguridad, ni derechos”, obtuvo pruebas creíbles en 24 casos de que miembros de las fuerzas de seguridad perpetraron ejecuciones extrajudiciales. “En la mayoría de estos casos, había pruebas contundentes que indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad —en particular, militares— habrían alterado el lugar de los hechos con el fin de manipular o destruir evidencias. Ante la ausencia de investigaciones exhaustivas e imparciales y la reiterada manipulación de evidencia por parte de policías y soldados, es imposible saber cuántas muertes son efectivamente resultado de un uso lícito de la fuerza, si bien hay evidencias fuertes de que los casos que examinamos representaban ejemplos de una práctica más extendida”, señaló.
HRW señaló que la forma en que la PGR abordó el caso de Tlatlaya “no ha sido mejor que su respuesta a las desapariciones en Iguala”, relató los intentos oficiales por cubrir el caso y destacó que la investigación aún no ha identificado a todos los militares implicados en el encubrimiento.
Human Rights Watch también relató que ha comprobado la utilización de tortura por parte de todas las fuerzas de seguridad, práctica que “se hizo evidente en el caso de Tlatlaya”, y denunció que la Procuraduría General del Estado de México no ha consignado a ninguno de los funcionarios involucrados en las torturas infligidas a las testigos, y ninguna de las víctimas ni sus familiares han recibido un resarcimiento por los abusos sufridos.
“Al igual que con las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, la regla es que las torturas queden impunes”, lamentó Vivanco.