En 5 años, 14 mil órdenes de arraigo/ Excélsior A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) reporta la disminución en el uso del arraigo, las cifras del Poder Judicial revelan que de 2009 a junio de 2014 se giraron 14 mil 523 órdenes de arraigo concedidas por los jueces. Entre ellas, siete mil 943 se refieren a delitos contra la salud y tres mil 332 a delincuencia organizada, establece el Informe sobre Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal, presentado ayer al Senado de la República. Elaborado por diversas organizaciones sociales con base en información oficial, y coordinados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el informe también establece que hay un abuso de la prisión preventiva como medida cautelar, porque existen 255 mil personas presas y sólo 110 mil tienen sentencia. Existe una disparidad entre la información oficial de la PGR y del Poder Judicial en torno al arraigo, pues mientras la Procuraduría reporta que de 2009 a junio de 2014 se habían solicitado dos mil 952 órdenes de arraigo y que en 2013 pidió 25, en tanto que entre enero y junio de 2014 fueron un total de 94 órdenes, las cifras tomadas del Poder Judicial muestra una realidad diferente, según ese documento. De acuerdo con ese informe, el Poder Judicial revela que en 2013 el Ministerio Público federal logró que los jueces le obsequiaran dos mil 323 órdenes de arraigo, y entre enero y junio de 2013 la cifra fue de mil 20 órdenes concedidas.
Relator busca continuar con su trabajo en México/ El Universal El relator Juan Méndez no ha recibido comunicación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sobre su propuesta de visitar México para dar continuidad a sus recomendaciones hechas como relator especial para tortura de la ONU. Aunque en lo inmediato no puede visitar el país por su agenda de trabajo, en algunas semanas reiterará su solicitud a la administración mexicana. Esto luego del diferendo que generó la aseveración de que en la república había una práctica de tortura generalizada. El pasado 5 de abril, México dio por concluido el diferendo sobre el informe y los dichos del relator para tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez. La Cancillería reiteró sus discrepancias con el relator, pero aseguró que «México rendirá cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las recomendaciones contenidas en el informe del relator». Aseguraron que el gobierno está en disposición de seguir colaborando con los organismos internacionales en materia de derechos humanas «y acredita su política de Estado en materia de apertura al escrutinio internacional en esta materia. De esta forma la Secretaría de Relaciones Exteriores da por concluido este diferendo», señaló.
La Corte invalida dos artículos de ley antitrata en Querétaro/ La Crónica de Hoy El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sólo el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en materia de trata de personas, e invalidó unos artículos de la legislación de Querétaro sobre ese tema. Durante la sesión del pleno por mayoría, los integrantes del máximo tribunal del país invalidaron dos artículos de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Querétaro. La SCJN resolvió que los legisladores locales invadieron la competencia del Congreso federal a partir de una impugnación que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Los ministros precisaron que si bien el Congreso local previó la concurrencia entre las legislaciones federal y de la entidad, los diputados de Querétaro sólo pueden aprobar normas relacionadas con políticas públicas en esa materia. La Corte no alcanzó a invalidar la totalidad de la ley, debido a que la CNDH interpuso la acción de inconstitucionalidad sólo contra los dos artículos referidos, además de que la votación fue insuficiente para desechar toda la norma.
Documenta la CNDH despojo de tierras para aeropuerto/ La Jornada Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) efectuó un recorrido en Chimalhuacán para constatar la queja interpuesta por pequeños propietarios de la comunidad Tlatel Xochitenco, quienes aseguran que el gobierno federal los despojó de 954 hectáreas para construir el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. Los afectados aseguraron a la CNDH que no se ha realizado la compraventa de los terrenos, pero desde hace meses empresas ingresaron a sus parcelas para llevar a cabo obras vinculadas con el proyecto impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto. Hasta los terrenos conocidos como Los Tlateles, ubicados en el entronque con la autopista concesionada Circuito Exterior Mexiquense y la comunidad de Xochitenco, en Chimalhuacán, arribó el personal de la segunda visitaduría general de la CNDH, el cual verificó la queja.
“No queremos llegar a 4 años de impunidad en caso Regina”, exigen periodistas a Duarte/ Proceso Bajo un cielo nublado, reporteros, activistas, académicos, estudiantes y campesinos recordaron hoy a la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, al cumplirse mil 96 días de su asesinato, aún impune. Durante la movilización para exigir justicia, los manifestantes decidieron rebautizar la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada que se ubica frente al Palacio de Gobierno llamándola “Plaza Regina Martínez”, en memoria de la periodista. Ahí mismo, leyeron varios de los textos publicados por la periodista en el semanario Proceso. Algunos de los asistentes portaron cartulinas en las que se leían los siguientes textos: “Verdad y justicia para Regina Martínez”, “Regina, 3 años de impunidad”, “Fiscalía de la impunidad”, “3 años y nos falta Regina”, “Duarte, asesino de periodistas”. Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso en el estado de Guanajuato y amiga personal de Martínez, puso los puntos sobre las íes al afirmar que “no queremos llegar a cuatro años de impunidad”.
Programa Frontera Sur: Una cacería de migrantes/ Animal Político En el papel, el Programa Frontera Sur promete “proteger” a los migrantes. Pero en el terreno, agentes de Migración, policías, militares y hasta los elementos de ayuda humanitaria llamados Grupo Beta han desatado una “cacería” para deportar indocumentados. Las estadísticas reflejan un aumento en las detenciones de casi 50%. Además, el gobierno ha puesto un cerco a “La Bestia” que arrincona a los migrantes a rutas alejadas donde son presa fácil para los criminales y los abusos de autoridades.
En México se mata a ambientalistas por ir contra hidroeléctricas, mineras y agroindustria: ONG/ Sin Embargo México se ubica en el octavo lugar de los 17 países en los que más se violan los derechos de los ambientalistas, concluye el reporte “¿Cuántos más?”, realizado por la organización internacional Global Witness (Testigo Internacional). El estudio establece que la mayoría de los asesinatos contra defensores del medio ambiente en el mundo se relacionan con su oposición a obras relacionadas con los sectores minero, hidroeléctrico y la agroindustria. México, junto con Paraguay, se encuentra en el octavo lugar de los países en los que se asesinó el mayor número de activistas que defienden el medio ambiente, con tres decesos durante el año pasado, entre ellos un indígena. El reporte hace hincapié en la criminalización del activismo y pone como ejemplo el de los integrantes de la Tribu Yaqui de Sonora Mario Luna Romero y Fernando Jime?nez Gutie?rrez.
En el caso de Julio César Mondragón impera impunidad/ Somos El Medio “Nuestro familiar Julio César Mondragón Fontes fue torturado y desollado vivo. Ya son casi siete meses de su asesinato en los hechos ocurridos en Iguala el 26 Y 27 de septiembre. La impunidad es el ganador principal, pues hasta el momento no hay una investigación científica por parte de las autoridades a nivel entidad de Guerrero. Aclaramos que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha tomado directamente el caso, pese a que hemos pedido públicamente su intervención por la naturaleza del crimen en un estado de derecho”, sostiene Cuitlahuac Mondragón, tío del normalista finado. Lenin Mondragón denunció que la PGR no ha sabido y no ha querido dar respuesta en el caso del asesinato de Julio César: “al parecer no les interesa abrir nuevas líneas de averiguación, ya que es más que claro que en el caso de mi hermano necesariamente hubo varios involucrado en su muerte, lo asesinaron cobardemente y hoy en día solamente está detenido un policía por su caso”.
“El oro o la vida”, un lugar en la sierra poblana llamado Libres/ Más de 131 Libres y Oriental se encuentran justo en la entrada de la Sierra Norte de Puebla. Forman parte de un punto de cruce entre el Valle de Perote y el estado de Tlaxcala. Una parte de los dos municipios se compone de montañas y la otra de una planicie lacustre llamada Los Llanos de San Juan. Esa región está llena de lagunas en un cráter de gran belleza natural como la de Alchichica, la cual alberga ajolotes endémicos. Más de la mitad del territorio de Libres está dentro de los planes de extracción canadienses. La concesión para explorar y explotar el oro no se detiene en las montañas, entra a la planicie del municipio, hasta el mercado. Al edil del pueblo, el priísta Enrique Cerón Flores, le han exigido abrir una consulta ciudadana a cabildo abierto para dejar constancia del rechazo a la minería. No lo ha hecho. La población de Libres organizó ya una asamblea donde asistieron más de mil personas de diversas comunidades dentro del municipio, y un foro donde acudieron igualmente mil personas pero de otros municipios de la sierra como Cuetzalan, Ixtacamaxtitlán, Tetela, Zacapoaxtla.
Puebla: PGJ contrató a la juez del caso Cacho–Marín para dar cursos sobre derechos humanos/ LadoB En diciembre de 2005 José Montaño Quiroz, en aquel entonces policía judicial, junto con otros agentes más, transportaba de Cancún a Puebla, en un viaje por tierra de más de 20 horas, y torturaba sicológicamente a la periodista Lydia Cacho, mientras mantenía en todo momento comunicación con la juez a cargo: Rosa Celia Pérez González. El caso, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) por la violación a los derechos de la periodista quintanarroense, se resolvió exonerando al entonces gobernador Mario Marín y gran parte del aparato judicial involucrado en el caso, entre ellos la juez Rosa Celia Pérez González, a pesar de que se reconoció la tortura sicológica a la que fue sometida y la violación a sus garantías individuales. Casi seis años después, en octubre de 2013, la juez Rosa Celia fue contratada por la Procuraduría General de Justicia que encabeza Víctor Carrancá Bourget para ofrecer unos cursos de capacitación a los participantes del Taller de Litigación Oral que se impartieron en el municipio de Zacatlán, como parte del proceso de capacitación y especialización en el nuevo sistema penal acusatorio, recibiendo en pago, según el contrato que puede consultarse en la página de transparencia de la PGJ, 45 mil pesos por 30 horas de trabajo.