Violencia sexual equivale a tortura/ La Jornada La violación sufrida por Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega a manos de militares, en febrero y marzo de 2002, respectivamente, es un ejemplo de cómo ‘‘la violencia sexual es utilizada como tortura’’, cuya gravedad se acentúa cuando la cometen integrantes del Estado en contra de quienes forman parte de un grupo vulnerable, como el caso de mujeres indígenas, afirmó la ministra Olga Sánchez Cordero. Agregó que, cuando agentes del Estado (sean policías o militares) estén involucrados en este tipo de actos ilícitos, los juzgadores deberán cerrar cualquier resquicio a la impunidad y, una vez probado el delito, ordenar la reparación del daño correspondiente. Al continuar ayer la discusión sobre los alcances de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), en la que resolvió que el Estado mexicano fue responsable de no hacer cumplir el derecho a la justicia de las denunciantes, el pleno dividió opiniones, lo que obligó a aplazar el tema para una fecha próxima. José Ramón Cossío manifestó su desacuerdo con el proyecto elaborado por Alberto Pérez Dayán, al considerar que la propuesta no incorpora ‘‘una perspectiva de género y de etnicidad’’ suficientes, además de que el documento no establece elementos que garanticen que los juzgadores resuelvan con perspectiva de género casos de violencia sexual, como ordenó la CoIDH.
Tragedia nacional: 25 mil 821 personas desaparecidas en México/ Contralínea En agosto de 2014, el gobierno mexicano reconoció la existencia de 22 mil 611 personas “no localizadas”. Siete meses después, a marzo del año en curso, ya son 25 mil 821. Más del 40 por ciento de las personas que a la fecha se encuentran en calidad de “no localizadas” (10 mil 836) desapareció en lo que va del actual gobierno: de enero de 2013 a marzo de 2015. Mientras que el 54 por ciento (13 mil 996) fue durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Estas cifras constan en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), que se alimenta de las denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público, tanto del fuero federal como del común. El 72 por ciento de las personas que actualmente se encuentran desaparecidas (18 mil 536) son varones. En tanto, el 59 por ciento (15 mil 294) están en edad productiva, y el 25 por ciento (6 mil 467) son menores de 19 años. Estos indicativos sobre el perfil de las 25 mil 821 “no localizadas” se desprenden de la estadística oficial. El Rnped permite, asimismo, ubicar las entidades con los más altos índices de desaparición. Se trata, en primer lugar, de Tamaulipas, con 5 mil 479 casos. Le siguen Jalisco, con 2 mil 248; Estado de México, con 2 mil 74; y Nuevo León, con 2 mil 21.
De 2010 a la fecha, PGJDF investiga 110 casos de agresiones a periodistas/ 24 Horas La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó a la Cámara de Diputados que, de 2010 a la fecha, abrió 110 averiguaciones previas por delitos cometidos en agravio de periodistas, principalmente por amenazas y lesiones. Del total señalado, 81 fueron iniciadas en la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas en el Ejercicio de esa Actividad –instancia constituida el 25 de marzo de 2010-, y en su mayoría se refieren a los delitos de amenazas y lesiones. Se reportó que sólo en 32 casos las víctimas aceptaron medidas de protección, consistentes en otorgamiento de número de reacción inmediata, botón de pánico, código de atención ciudadana y custodia con colaboración de la Procuraduría General de la República o por elementos de la Policía de Investigación.
Aprueban en NL Ley de Declaración de Ausencia/ El Mañana El Congreso del Estado aprobó ayer la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición en Nuevo León, cuya iniciativa fue presentada en mayo de 2014 por el grupo civil CADHAC y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (Grupo AMORES). Gracias a la nueva legislación se mantendrá la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y habrá certeza legal para sus familias en diversos trámites, al ser víctimas del referido delito. Aquí hay más de mil 200 denuncias –la mayoría impunes- de desapariciones forzadas ocurridas de seis años a la fecha y provocadas por grupos criminales. En el 30 por ciento de los casos se presume la complicidad o participación directa de elementos policíacos y hasta fuerzas federales, según datos de CADHAC. La titular del grupo civil, Consuelo Morales expuso en un comunicado que celebran el esfuerzo que la Legislatura del Congreso hizo, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y sobre todo, el Grupo AMORES, para la aprobación de esta ley.
Llama ONU a ratificar convenio/ Reforma Luiza Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe se pronunció ayer a favor de que México rarifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A través del Convenio 189, el cual se adoptó en 2011, se exige que los Estados garanticen los derechos labores a las y los trabajadores domésticos como por ejemplo el salario mínimo, las horas extras, condiciones de trabajo seguras y vacaciones anuales remuneradas. Pero hasta ahora sólo 9 de los 17 países que adoptaron el Convenio lo han ratificado. México falta por confirmar. Al respecto, Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INM), expuso que el Gobierno mexicano sí ratificará el Convenio en fechas próximas.
Tribunal revoca formal prisión a esposa del ex alcalde de Iguala; no implica libertad: PGR/Aristegui Noticias El Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, revocó el auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde igualteco José Luis Abarca; éste último fue señalado por la PGR como el autor intelectual del ataque -hace siete meses- contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el que tres normalistas resultaron muertos y 43 más desaparecidos, además de que tres civiles perdieron la vida. En un comunicado, la Procuraduría General de la República aclaró que la revocación de la formal prisión no implicaba la libertad de Pineda Villa, sino que es “sólo para el efecto de reponer el procedimiento y eventualmente emita un nuevo auto”.
Se amparan indígenas contra consultas amañadas de empresas eólicas/ Página 3 Indígenas zapotecos de Juchitán presentaron ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz una demanda de amparo por presuntas graves violaciones a sus derechos humanos en un proceso de consulta que ha sido anunciado como el referente a seguir en proyectos derivados de la reforma energética. La APPJ, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, resaltaron que el estado de Oaxaca se coloca en el primer lugar, a nivel nacional, en cuanto a ataques a defensores y defensoras de derechos a la tierra y territorio. Y es que para las comunidades indígenas zapotecas del Istmo la llegada de las empresas eólicas ha representado un aumento en las violaciones a los derechos humanos; en particular, se han acrecentado el número de agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios. Resaltaron que la demanda de amparo la presentaron el pasado 24 de abril de 2015 ante el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Oaxaca con sede en la cuidad de Salina Cruz debido a que consideran que las consultas han sido amañadas.
“Fuera de control”, feminicidio en Edomex/ Cimac Como en un callejón sin salida, las mujeres mexiquenses están atrapadas en una espiral de violencia e impunidad que al parecer a las autoridades no les interesa resolver. Al alcanzar niveles “alarmantes”, la violencia feminicida en el Estado de México “ya se salió de control”, advierten el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Amnistía Internacional (AI). A esa conclusión llegan defensoras de los derechos de las mujeres al ver el desinterés, inacción e incluso el cinismo de las autoridades judiciales de la entidad, para poner fin a la ola de asesinatos y desapariciones que data de años. Desde hace un año –tras meses de una batalla de amparos a favor y en contra de que se decrete la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Edomex–, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) –integrado por instancias federales y estatales– se vio obligado por un fallo judicial a iniciar una investigación por violencia feminicida en la entidad. No obstante, mientras a las mexiquenses las siguen matando y desapareciendo, hasta ahora no hay certeza de que la indagación haya concluido y tampoco hay un plazo para que se den a conocer sus resultados.
Informe: gobiernos, criminales y actores sociales cercan el periodismo en Guerrero/ Sin Embargo En Guerrero no existen condiciones para ejercer el periodismo, de acuerdo con un informe realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil y del gremio. Existe el riesgo que se convierta en “un estado de silencio total”, dicen. Los profesionales de la información en la entidad se encuentran sitiados por varios frentes: por un lado, los gobiernos municipales y el estatal; por el otro, los dueños de los medios de comunicación, el crimen organizado y los actores sociales, lo que pone en riesgo la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión, documentaron. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, Propuesta Cívica, Casa de los Derechos de Periodistas, entre otras organizaciones realizaron una misión de observación en el estado de Guerrero donde registraron que parte de la crisis proviene de los mismos dueños de comunicación al no brindar derechos laborales, ni garantías de libertad de expresión para sus trabajadores.
Las otras víctimas de los feminicidios/ LadoB Si bien la lucha para el acceso a la justicia en casos de feminicidios ha avanzado lentamente, hay un tema que ha sido dejado de lado: la situación de los menores hijos e hijas de víctimas de feminicidio, quienes se quedan en la orfandad cuando el padre es el victimario. La psicóloga Natalí Arias, de la asociación civil El Taller, confirma que los niños y las niñas son la población más invisibilizada dentro de esta problemática. Muchos de los esfuerzos han girado en torno al tema de acceso a la justicia, de las condenas a los feminicidas, por ejemplo, pero poco se ha abonado al tema de cuáles son las implicaciones que tiene en los hijos cuando esto ocurre. La psicóloga desconoce sobre la existencia de una regulación o política en Puebla dirigida a la atención a los menores en estas circunstancias, especialmente en los casos donde el padre es el feminicida. Tanto la Procuraduría General de Justicia (PGJ) como el DIF, instancias que de acuerdo con Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Puebla deberían estar involucradas, rechazaron hablar sobre el tema.
Anuncian caravana contra megaproyectos en el Edomex/ Medio Político Organizaciones sociales, campesinas, indígenas, magisteriales, estudiantiles y de colonos del Estado de México anunciaron la realización de una caravana en contra de los megaproyectos, de los despojos de tierras y de recursos naturales. El movimiento ciudadano, denominado Fuego de la Digna Resistencia, arrancará este miércoles 29 con una ceremonia en Teotihuacán y culminará con la “toma” de la capital mexiquense el viernes 15 de mayo. En rueda de prensa, representantes de las ONG convocantes denunciaron que, de acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, de 2013 a la fecha en la entidad mexiquense “150 activistas han víctimas de amenazas, agresiones físicas, malos tratos y tortura e indebida investigación ministerial; además, han sido apresados, sufrido atentados contra su vida y han sido asesinados” por oponerse a los megaproyectos impulsados por el gobiernos de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila. Entre ellos resaltan vialidades aledañas a la construcción del aeropuerto del Estado de México, carreteras de cuota, desarrollos inmobiliarios, privatización del agua, corredores industriales y comerciales.
Familiares, amig@s y compañer@s de lucha rinden homenaje a Bety Cariño a 5 años de su asesinato/ Otros Mundos Chiapas “Sabemos que Bety dio su vida para ayudarnos a nosotros los triquis de San Juan Copala”, dijo una señora desplazada de San Juan Copala durante el homenaje rendido a Bety Cariño los 25 y 26 de abril en su pueblo natal de Chila de las Flores, en la zona mixteca de Puebla, a unos 20 minutos de la frontera con Oaxaca. A cinco años de los hechos, el conflicto en la zona triqui ha empeorado y los pobladores de San Juan Copala tuvieron que exiliarse a otras partes del estado y del país para escaparse de la violencia. Hasta la fecha, solo tres personas han sido detenidas, cuando existen otra decena de órdenes de aprehensión que las autoridades se niegan a cumplir. ““Es necesario construir otra forma de justicia. Sí es importante hacerlo en los tribunales, pero no sólo. Es necesario hacer justicia también recordándola y reivindicando por qué Bety fue asesinada ese 27 de abril del 2010: porque era una mujer que defendía la vida, la tierra, el agua, las montañas, los derechos de las mujeres, y que estaba comprometida con las luchas de los pueblos”, añadió Carmen, hermana de la luchadora poblana.