La edición de hoy, Los medios destacan — abril 27, 2015 at 8:40 am

Este 27 de abril los medios destacan

Medios convencionales

Advierten tardanza en ley de ausencia/ Reforma La reforma al Artículo 73 constitucional, que permite legislar en materia de desaparición y tortura, llega tarde e incompleta, criticaron representantes de organizaciones civiles. Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo de I(dh)eas, recordó que la reforma inició desde el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón, cuando se exacerbó la desaparición forzada y la tortura en el País. “El fenómeno de la desaparición se ha venido llamando como personas extraviadas, personas no localizadas. Con el marco normativo en México no es posible comprobar la participación de agentes del Estado, lo que configura la desaparición forzada. (Tampoco) se reconocía la desaparición, donde grupos del crimen organizado se llevan a la gente con el simple objetivo de desaparecerlas”, explicó Gutiérrez. Porque los tipos penales no son iguales ni adecuados en los estados, la desaparición es confundida con secuestro o privación arbitraria de la libertad. Además, las sanciones son mínimas, de 3 a 6 meses de prisión. Olga Guzmán, directora de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consideró que los legisladores pierden una oportunidad única para legislar en materia de ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzado.

Asimilan criterios de jueces para ordenar libertad en caso de tortura/ La Jornada El Poder Judicial Federal ha comenzado a homologar el criterio de sus jueces y magistrados, quienes están optando por conceder sentencias absolutorias y ordenar la libertad de presuntos delincuentes que fueron sometidos a actos de tortura por autoridades policiacas o militares que los detuvieron, con el fin de obtener su confesión. Según estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal, a las que La Jornada tuvo acceso, de enero a marzo pasado se presentaron al menos 840 incidentes innominados en el país para solicitar la libertad de algún inculpado, que supuestamente fue sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a su persona. Los recursos están sustentados en la supuesta violación a diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos y al protocolo que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre pasado, el cual es una guía obligatoria para la actuación de jueces, magistrados y defensores públicos federales que conozcan de casos donde se presuma la existencia de tortura.

Plagio a extranjeros, un delito que crece/ El Universal La privación de la libertad de extranjeros -indocumentados o no- es un fenómeno creciente que se disparó en México. Registros del Instituto Nacional de Migración (INM) revelan que entre 2012 y 2014 un total de 844 personas, de nueve nacionalidades distintas, fueron asistidas por su personal después de haber sido víctimas, por horas o días, en territorio nacional. Un reporte de la dependencia, que obtuvo EL UNIVERSAL, detalla que los plagios en contra de personas de otros países se incrementaron más de 800%, al pasar de 72 privaciones ilegales de la libertad en 2012, a 75 en 2013, y el año pasado repuntaron a 697 casos de «extranjeros asistidos víctimas del delito de secuestro», indica el documento. Los secuestros de indocumentados o de personas que cuentan con papeles para transitar por territorio nacional se han cometido en Chiapas, Coahuila, Tabasco, Guanajuato, Distrito Federal, San Luís Potosí, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo, Veracruz, Michoacán y Tamaulipas. Los datos del INM indican que en el estado fronterizo de Tamaulipas se han cometido 86% de los plagios durante el periodo referido, al reportar 721 apoyos a extranjeros, luego de ser víctimas de este delito. Este fenómeno del que en su mayoría son víctimas los migrantes que cruzan por territorio nacional, también ha impactado a otros extranjeros.

Regina, tres años de impunidad/ Proceso Hace tres años nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, fue asesinada y el caso está lejos del esclarecimiento. Aunque hay un supuesto culpable encarcelado, condenado a 38 años y dos meses de prisión, no se tiene ninguna certeza de que el homicidio de la periodista de Proceso haya ocurrido como dice el gobierno del priista Javier Duarte que ocurrió. La explicación de que se trató de un robo con tintes pasionales aún no es avalada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR). La explicación de que se trató de un robo con tintes pasionales aún no es avalada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Una de las causas es que la única huella dactilar que la FEADLE pudo rescatar de la casa de Regina Martínez después de que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz, interviniera la escena del crimen, no coincide con el encarcelado, Jorge Antonio Hernández Silva. Para la FEADLE el caso está lejos de haberse resuelto. Está pendiente una línea de investigación: el trabajo periodístico de la corresponsal de este semanario.

Ordenar caos/ Cambio La ley de Movilidad en el Distrito Federal tiene el propósito de mejorar la vialidad en la capital; atender el lema de las manifestaciones; así como el problema del pesado tránsito vehicular y el recorrido de los ciclistas. Sin embargo, desde el momento de su promulgación generó un fuerte debate en particular por lo referente a las y protestas, pues se reclama que dicha legislación restringe el derecho a la libre expresión a través de las manifestaciones. Incluso se han resuelto tres juicios de amparo que determinaron la inconstitucionalidad de diversos artículos de la legislación en los cuales se señala que se debe dar un aviso previo, por escrito y con 48 huras de anticipación, sobre la realización de una manifestación y que ésta debe tener un fin perfectamente lícito. Otra resolución va en contra de que se prohíba absolutamente el uso de las vías primarias y por lo tanto se otorgan a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina amplias facultades para que tome las medidas necesarias y libere las vías de comunicación obstruidas. Con estas disposiciones se atenta contra la libertad de expresión, reunión y manifestación, y se condiciona el derecho a la protesta, reclaman organizaciones que se sumaron en un grupo plural para promover amparos.

Medios Alternativos

 

 

Entorno machista deja impune tortura sexual contra las mujeres/ Cimac Noticias El entorno cultural machista permite que haya violencia sexual por parte de agentes del Estado contra las mujeres sin que se considere tortura sexual, lo que propicia una cultura de impunidad, afirmaron organizaciones civiles que acompañan a sobrevivientes de este delito. Al presentar en Xalapa, Veracruz, la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual” –que visibiliza el patrón sistemático de este crimen contra las mujeres–, activistas dijeron que es necesario que el Estado tome medidas para investigar y castigar estos ilícitos.  Cristina Hardaga, integrante de Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), dijo que desde 2012 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ya había hecho recomendaciones sobre el tema, y de ahí la importancia de escuchar las voces de las sobrevivientes. Stephanie Erin Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que la tortura hacia las mujeres tiene características propias, porque implican estereotipos de género.

 Suspenden hidroeléctricas en límites de Puebla y Veracruz/ Municipio Puebla De acuerdo con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río, Veracruz, se decretó la “suspensión de plano” de la instalación de las minicentrales, en el Juicio de Amparo 1697/2014 para evitar daños “al entorno ecológico de las comunidades indígenas, en específico el derecho humano al agua, impidiéndose un daño irreversible en los manantiales situados en dichos sectores desprotegidos de la vida nacional”. La construcción de las generadoras de energía sobre el río que forma parte de la cuenca de Nautla, afectaría a miles de pobladores de los municipios de Hueytamalco y Teziutlán en la sierra norte poblana; y a los más de 91 mil veracruzanos que habitan en Jalancingo y Tlapacoyan, que solicitaron el Amparo y Protección de la Justicia federal, debido a que recibirían el 10 por ciento del agua de los ríos que alimentan los manantiales que los abastecen. Desde el 2013, la empresa “Impulsa Generación Renovable en Veracruz”, filial de Grupo México, contaba con la aprobación de sus Manifestaciones de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con la concesión del río otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que fueron impugnadas legalmente por los pobladores.

Secretaría de Economía apoya, hasta con guía, el “despojo” en zonas mineras: ONGs/ Sin Embargo Organizaciones civiles y expertos en la materia denunciaron que la Secretaría de Economía (SE) promueve el despojo de tierra y la violación de derechos humanos al publicar su “Guía de ocupación superficial. Alianzas estratégicas para la promoción y el desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano”. El documento desglosa una serie de recomendaciones para que las empresas puedan anticipar, controlar, contener y solucionar conflictos relacionados con comunidades vinculadas a la tierra además de facilitar información sobre cómo arrendar, expropiar y asegurar la superficie y explotarla. “Lo que está haciendo el gobierno es dar una guía práctica y muy concisa para el despojo, incluso pone como ejemplo de éxito a mineras como Peñoles o Farallon, las sabemos bien, son empresas de afectación ambiental. Con esto no sólo el gobierno está dando facilidades sino les está haciendo el trabajo. No es un Estado preocupado en lo absoluto por el sector indígena, el sector campesino”, dijo Julio César Cervantes, integrante de Central Campesina Cardenista (CCC).

Asesinan a otro defensor de Coyotepec; lo encuentran en depósito de agua potable/ Másde131 osé Ignacio Cervantes Ángeles de 47 años, era uno de los integrantes de la Administración del Agua Potable Autónoma que los pobladores de Coyotepec —municipio ubicado en el norte del Estado de México— mantienen para defenderse de los intentos de “municipalización” del agua desde el 2013. Su cuerpo fue encontrado en uno de los depósitos de agua potable de la comunidad, con heridas provocadas por arma blanca, mismos que defendió durante dos años. “El señor era parte fundamental de la estructura operativa del sistema autónomo y el depósito donde fue encontrado es parte del sistema de agua potable”, indica Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Indicó también, en entrevista telefónica que la carpeta de investigación sobre el asesinato de Cervantes todavía no arroja resultados; sólo se sabe que su cuerpo fue encontrado con 18 heridas provocadas por arma blanca.