* Piden al organismo que emita recomendaciones para que se realice Consulta Popular.
México, DF, 17 de abril de 2015. Un grupo de organizaciones civiles y ciudadanos pidieron explícitamente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que recomiende al Estado mexicano que se lleve a cabo la consulta popular sobre la Reforma energética, y que se evite implementar acciones derivadas del cambio constitucional hasta que la ciudadanía decida si lo acepta, pues de los contrario, se agravaría la crisis de derechos humanos en México, advirtieron.
Las organizaciones peticionarias recordaron que el 30 de octubre de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a reconocer la constitucionalidad de la Consulta Popular en materia energética, requerida por más de cuatro millones de ciudadanos mexicanos. Por ello, un grupo de organizaciones y académicos formularon una petición a la CIDH por los impedimentos para ejercer el derecho a la consulta.
“Existían todas las condiciones para aplicar y hacer efectiva la Consulta Popular como un mecanismo real de participación ciudadana en la toma de decisiones de políticas públicas relevantes para todas y todos los mexicanos”, señalaron las organizaciones. Sin embargo, “la Corte les negó ese derecho “utilizando argumentos que soslayan las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos civiles y políticos”, explicaron en boletín de prensa hecho público ayer.
De acuerdo con las organizaciones, “la negativa de la SCJN de declarar válidas las dos consultas solicitadas configura una clara violación, por parte del Estado Mexicano, a derechos convencionalmente establecidos que, si bien están reconocidos en el ámbito interno, su ejercicio en la práctica fue impedido por esa institución del Estado. Además, la negativa al ejercicio de estos derechos recayó sobre las personas que demandaban se sometiera a Consulta una reforma cuyo impacto será generalizado para toda la sociedad, como lo es la reforma energética”.
Diversas organizaciones sociales y civiles han advertido que la reforma afectará a la población por medio de la contaminación, el despojo legalizado de territorios por medio de figuras como la servidumbre legal y la ocupación temporal–una de las condiciones de las empresas para invertir-, la anulación en la práctica del derecho a la consulta y la promoción del fracking o fractura hidráulica, que destruirá ecosistemas.
“Ante la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, el actual gobierno en todo sus ámbitos está obligado a proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona o comunidad, de ser implementada la reforma energética y sin realizar la consulta popular en la materia, la situación de los derechos humanos en el país será todavía más grave”, finalizaron los peticionarios.