* Organizaciones civiles acusan responsabilidad del gobierno en la semiesclavitud de trabajadores del campo.
México, DF, 15 de abril de 2015. Ante las condiciones de trabajadores agrícolas en México, que rayan en la esclavitud, la respuesta del gobierno es que no tiene competencia para actuar, acusaron organizaciones sociales e investigadores. Señalaron que las condiciones de sobreexplotación que obligaron a los jornaleros en San Quintín a levantarse se repiten en al menos 19 estados de la República.
Ezequiel Rosales, del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), señaló que las y los jornaleros que se levantaron en San Quintín reciben salarios de 700 pesos en un estado donde la canasta básica cuesta 1 700, lo que los ubica debajo de la línea de la pobreza. Señaló que con la presencia de 26 agroempresas en la región, que se dedican al cultivo para exportación de frambuesa, mora, arándano, chícharo, calabaza y col de Bruselas, entre otros productos, no existen mecanismos de vigilancia, control ni protección de derechos humanos y laborales.
Rosales estimó que hay al menos 2 millones de trabajadores del campo en México. La realidad que enfrentan es de trabajo infantil, falta de condiciones de higiene y seguridad, trabajo sin derecho a seguridad social, largas jornadas de trabajo sin descanso entre semana y muertes infantiles, entre otras. Sin embargo, no hay inspecciones de las autoridades ni se conoce la existencia de sanciones a empresa alguna, contrastó.
Giovanna Battaglia, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, en Guanajuato, indicó que ese estado se convirtió en receptor de trabajadores agrícolas migrantes debido a la expansión de la agroindustria y a que hay menos inspecciones laborales que en el norte de México. Acusó que las escasas acciones del gobierno suelen ser intermitentes y de bajo alcance, sin consultar a las comunidades de origen de las y los jornaleros.
Jesús Carmona, de Respuesta Alternativa, detalló que en el semidesierto potosino, la expansión de las grandes industrias agrícolas está devastando los ecosistemas. Explicó que las y los trabajadores deben sobrevivir con productos de las tiendas de raya, mientras que la posición de las autoridades “es omisa, cómplice y, sobre todo, incapaz”.
Antonieta Barrón, de la Facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que anteriormente había programas de atención gubernamental con promotores de salud y guarderías para los niños, que ahora no existen. Resaltó que la coordinación interinstitucional para atender a esta población sólo existe en el papel. “El gobierno no quiere hacer nada”, resumió.
Margarita Nemecio, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso una realidad en Guerrero de intermediarios que engañan a familias enteras para que migren a trabajar al norte, y condenó que los únicos reglamentos que existen en los campos de trabajo que ha visitado su organización son para proteger al producto, “nunca para el trabajador”.