El asunto tortura no está cerrado: 4 mil casos en ocho años/ Proceso Las cifras sobre la tortura en México acumuladas durante los últimos años en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desmienten cualquier discurso conciliador: más de 4 mil casos presentados en la primera dependencia y más de un centenar de expedientes en la segunda. El relator especial de la ONU sobre Tortura y Tratos Crueles, Juan Méndez, documentó esa práctica generalizada en su informe de la semana antepasada, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto se empecina en negarla. Según los datos recabados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) por medio de solicitudes de información pública, la PGR registró 23 denuncias por tortura en 2006; para octubre de 2014 la cifra se disparó a 2 mil 55 denuncias, de las cuales 3 mil 568 (88%), se registraron en los últimos dos años.
Corte define hoy si arraigo es legal/ La Razón La Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá este lunes si la figura de arraigo que utilizan las autoridades cuando se trata de delitos graves es o no constitucional, para lo que se prevé una votación dividida. Mientras el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso declarar constitucional el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que permite a la PGR solicitar a un juez el arraigo hasta por 40 días del sospechoso en delitos federales graves, en lo que se integra la investigación, los ministros José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero encabezan la votación en contra. “La figura del arraigo es incompatible con las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte”, argumenta Sánchez Cordero. No obstante, el ministro Alberto Pérez Dayán se suma a Gutiérrez Ortiz Mena e indica que el arraigo es constitucional, aunque en el código se deje como criterio abstracto “la peligrosidad del indiciado o la del delito denunciado”.
Procuraduría debe reconocer desaparición de normalistas como crimen de lesa humanidad/ El Día Diputados del GPPRD y Morena demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) ser consecuente con su persecución del delito de desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y considerarlo, entonces, un delito de lesa humanidad que por ello es imprescriptible. Contrario a señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de octubre de 2014, a la fundada recomendación de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 19 de marzo pasado y de su propia consignación de varios policías detenidos, la PGR negó -el 18 de marzo- que se hubiesen perpetrado violaciones graves a los derechos humanos contra los normalistas y que la práctica de este crimen fuese generalizada o sistemática en el país.
Edomex aún no paga a víctimas de Tlatlaya/ El Universal El gobierno del Estado de México aún no paga la reparación del daño a las tres víctimas sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio de 2014, quienes fueron sometidas a torturas físicas, sexuales y de carácter psicológico. Las agraviadas, tras el crimen perpetrado por elementos del Ejército en una bodega de san Pedro Limón, fueron trasladadas el edificio de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, donde fueron víctimas de vejaciones por parte de funcionarios, según la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El secretario de Gobierno del Edomex, José Manzur, reconoció que la reparación del daño no ha sido liquidada por el gobierno mexiquense, pese a que el punto 393 de la recomendación de la CNDH señala a todas las autoridades objeto de la recomendación como responsables del pago de daños causados.
Ordena tribunal al GDF pagar a ejidatarios afectados por la L-12/ La Jornada El Gobierno del Distrito Federal (GDF) fue emplazado a pagar la indemnización, a valor comercial, por la expropiación de tierras donde se construyó la estación Culhuacán de la línea 12 del Metro, lo cual implica un monto de 99.2 millones de pesos. De acuerdo con la resolución sobre el juicio de amparo 246/2014 contra el jefe de Gobierno y otras autoridades, el GDF tiene hasta el 13 de mayo para dar cumplimiento. El monto solicitado es casi cuatro veces mayor al acordado en la administración anterior de 25 millones de pesos, y en caso de no pagar se impondrá una pena de cinco a 10 años de prisión y multa de 100 a mil días de salario mínimo (70 mil 100 pesos) a la autoridad o autoridades que incumplan el fallo. Además, procedería la destitución o inhabilitación de cinco a 10 años para desempeñar otro cargo a la autoridad que dolosamente incumpla con la sentencia.
Sandra Luz fue asesinada por buscar a su hijo desaparecido… y el homicida confeso sale libre por ‘falta de pruebas’/ Animal Político Argumentando falta de pruebas, el pasado 13 de marzo, el Poder Judicial del Estado de Sinaloa dejó en libertad a Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, homicida confeso de Sandra Luz Hernández, activista asesinada en 2014, luego de dos años de buscar a su hijo, Edgar García, un joven raptado y desaparecido por una célula del Cártel de Sinaloa. Cabe destacar que, el pasado 24 de marzo, 10 días después de la liberación, el procurador de justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera, aseguró que esta sentencia absolutoria se había logrado mediante tráfico de influencias, ya que el abogado de Jesús Fernando Valenzuela es cuñado de un ministro del Tribunal Superior de Justicia del estado. El 20 de mayo de 2014, la Procuraduría de Justicia de Sinaloa capturó a Jesús Fernando Valenzuela, quien en su primera declaración ministerial reconoció haber cometido el homicidio, y admitió también que el crimen fue cometido porque Sandra Luz lo “presionaba” para que revelara el destino de su hijo Edgar.En esa misma declaración, además, el detenido indicó a las autoridades el lugar en donde había ocultado el arma con la que cometió el asesinato, así como la camisa con la que se cubrió y el vehículo con el que huyó.
Daños colaterales de la guerra contra el narco/ Sin Embargo Escucharon los balazos, se agacharon o intentaron huir, pero fue en vano. Unos solo se dieron cuenta cuando sintieron el calor de la bala, otros venían conduciendo y apenas voltearon para saber qué era ese ruido cuando la mitad de su cuerpo se paralizó; otros más caminaban con amigos cuando una bala que tenía otro destinatario impactó su cuerpo. Sólo fueron una línea, si es que fueron noticia: “resultaron lesionados”. Después, los heridos se perdieron en el drama de la llamada “Guerra contra el narco” que en 2006 comenzó el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. En su informe sobre Salud en las Américas 2012, la Organización Panamericana de la Salud reportó que la violencia en México dejó cada día al menos a 100 personas con alguna discapacidad. Las personas con discapacidad a causa de la violencia no son reconocidas por el Estado, no hay programas de atención específicos o apoyos. Niños, niñas, jóvenes y adultos viven con una discapacidad causada por la violencia en México. Se reponen de su tragedia por su cuenta o se resignan a no recibir rehabilitación, aprenden a aceptar un cuerpo distinto, reconstruyen sus vidas con la discapacidad o los consume el olvido, sobreviven como mejor pueden…
Padres de víctimas del News Divine buscan encuentro con la SCJN/ Somos el Medio Tras la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para liberar a 11 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito (SSPDF) Federal, por el caso News Divine, familiares de los 12 jóvenes que perdieron la vida anunciaron que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener justicia. «Si la averiguación previa fue mal integrada, se violó el debido proceso a indiciados y víctimas. No se realizaron las investigaciones apegadas a derechos, no quisieron realizar las investigaciones, son parte del pacto entre funcionarios del Gobierno del Distrito Federal. Los razonamientos de la Corte dejan sin efecto los informes especiales de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal quien acreditó y documentó plenamente las responsabilidades de la extinta Unipol, así como los funcionarios. Esta resolución de la Corte deja sin peso moral y sin efecto la recomendación 11-2008, asunto muy grave para la protección y defensa de los derechos humanos de quienes habitamos en el Distinto Federal», informó Armando Barrera.
#Sanquintínenpiedelucha: Un San Quintín que recuerda a Zapata/ Másde131 Lxs jornalerxs de Colonet, Camalú, 13 de Mayo y otras localidades parten en marcha por la carretera Transpeninsular hasta la delegación de San Quintín para hacer manifiesta su lucha, seguir exigiendo la justicia social que por derecho les corresponde y conmemorar el 96 aniversario luctuoso de Zapata. En San Quintín la lucha ?#?SeSiente, ?#?SeRespira, ?#?SeVive…pero se entiende poco y se comprende menos. Las causalidades que subyacen en sus problemáticas son difíciles de abordar y las soluciones son difíciles para el gobierno estatal, municipal y federal. La entropía social reina debido a las omisiones, falta de voluntad, cacicazgos, tráfico de influencias, narcotráfico, abuso de poder. Éste es el contexto histórico del que todos saben pero del que pocos hablan. Un San Quintín donde impera la marginación social, territorial, institucional y donde le sigue la violencia física, emocional, laboral, institucional, patrimonial, económica.
“Decidimos resistir hasta el final”: niños indígenas desplazados en Chiapas /Radio Pozol “Recordamos aquel día tan terrible donde nos quisieron matar a todos. Nosotros nos corrimos y vimos como el señor Reynaldo López Pérez, que le dicen el Tambo, nos apuntó con su pistola, y el señor Carmelino López Pérez, que le dicen Morlaco, nos apuntó con un rifle grande. Vimos como le caían los tiros y corrimos, nos siguieron como a venados pero no nos alcanzaron”, recuerdan niños indígenas tojolabales, desplazados junto con sus familias de la comunidad Primero de Agosto, por parte de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (Cioac-H), el pasado 23 de febrero. “Estamos con mucho miedo porque el gobierno no hace nada para que se resuelva el problema. Porque los de la Cioac-h de la comunidad Miguel Hidalgo, están pasando de nuevo donde estamos desplazados”, añaden los menores de edad, desde su actual campamento donde se encuentran refugiados, en el tramo carretero Nuevo Momóm-Monte Cristo, del municipio de Las Margaritas, donde de manera continua son hostigados.