* La familia Guzmán Cruz denunció la desaparición forzada de cinco de sus miembros ante la CIDH.
México, DF, 10 de abril de 2015. A un mes de su comparecencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la impunidad en la desaparición de cinco miembros de su familia a manos de la Brigada Blanca, Abdallán Guzmán Cruz fue amenazado de muerte por dos sujetos que allanaron su casa, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Fundación Diego Lucero.
No es la primera vez que la familia Guzmán Cruz es hostigada, pues de acuerdo con las organizaciones denunciantes, ha sufrido una “serie de antecedentes de allanamientos” en años recientes. En 2012 se presentó una serie de incidentes de seguridad “culminando en un allanamiento y robo de documentos relacionados con la búsqueda de verdad y justicia por los delitos de la llamada Guerra Sucia, incluyendo documentos probatorios, dejando objetos de valor. Lo anterior, nuevamente, un mes después de que los peticionarios entregáramos observaciones a la CIDH. Igualmente en el año 2008 fueron víctimas de vigilancia, hostigamiento y dos cateos ilegales por parte de integrantes del Ejército, hechos a los que precedió un robo a la casa”, recordaron.
Entre los años de 1974 y 1976 cinco miembros de la familia Guzmán Cruz (el padre y cuatro hijos), originarios del comunidad indígena de Tarejero, municipio de Zacapu, Michoacán, fueron detenidos y desaparecidos por miembros de la Brigada Blanca, órgano político perteneciente a la extinta Dirección Federal de Seguridad. Amafer Guzmán Cruz fue detenido en la ciudad de Morelia, Michoacán; Armando Guzmán Cruz en Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México; José de Jesús Guzmán Jiménez (el padre) y Solón Adenauer Guzmán Cruz (17 años) fueron detenidos en Tarejero y Venustiano Guzmán Cruz (17 años) en Acapulco, Guerrero. Hasta la fecha no se sabe el paradero de ninguno de ellos. En 2001, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó la existencia de elementos que sustentan la calidad de detenidos-desaparecidos de los cinco miembros de la familia.
En mayo de 2002 se presentó una denuncia para exigir el esclarecimiento de los hechos ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que desapareció cuatro años después sin resolver el caso. La investigación, ahora a cargo de la Coordinación General de Investigaciones de la Procuraduría General de la República, está inactiva.
Ante la falta de resultados, los familiares enviaron en 2006 una petición a la CIDH para que admitiera el caso. Cinco años después, en 2011, la Comisión trasladó la petición inicial al Estado mexicano, contestó hasta agosto de 2012 de forma incompleta.
Abdallán Guzmán Cruz informó que el pasado miércoles 8 de abril se despertó poco después de las 2 de la mañana al oír ruidos extraños. Encontró a dos sujetos dentro de su casa, quienes le gritaron que “no se haga pendejo” y que “ya deje de estar molestando”, pues “ustedes saben que los matan”. Por la oscuridad Abdallán no pudo ver si estaban armados o no. Los sujetos desconocidos salieron de la casa por la azotea, por donde al parecer también entraron. Aunque la casa estaba revuelta y las luces encendidas, los individuos no se llevaron nada de valor.
“Estos hechos ocurren un mes después de que los peticionarios entregáramos un escrito de observaciones a la CIDH en relación al caso de la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia durante la llamada Guerra Sucia. Adicionalmente, el pasado mes de octubre de 2014, Abdallán participó en una audiencia temática ante la CIDH sobre la impunidad por los crímenes de la Guerra Sucia”, detallaron el Centro Prodh y la Fundación Diego Lucero.
Abdallán Guzmán interpuso una denuncia penal por lo acontecido ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, que fue radicada bajo el número 00785/UATP/MOR/2015. Las organizaciones denunciantes señalaron que a pesar de haber interpuesto denuncias penales por los anteriores actos de hostigamiento en contra de la familia, las autoridades no han podido esclarecer tales hechos “y por ende, no han evitado la repetición y aumento de tales delitos”.