* Los signos de preocupación no desaparecen con el cierre del “diferendo” con el relator de la ONU hecho por el gobierno federal.
México, DF, 07 de abril de 2015. Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores pretendió cerrar con una declaración las arremetidas verbales emprendidas por el gobierno mexicano contra los mecanismos especializados en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –el Relator especial sobre la tortura, Juan Méndez, y el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED)-, en las organizaciones civiles queda la preocupación por el retroceso que este episodio puede significar para la política exterior de México en la materia, que se había caracterizado por su apertura al escrutinio internacional.
El creciente y preocupante desconocimiento gubernamental a estos mecanismos internacionales es un retroceso para la consolidación democrática de un Estado de derecho. Para no restar más legitimidad al discurso gubernamental de avance en el respeto, protección y realización de los derechos humanos, es necesario que el Estado no sólo rectifique las lamentables declaraciones vertidas por sus funcionarios y que atienda las recomendaciones recibidas, sino que muestre una incuestionable disposición a colaborar con futuros –y no tan lejanos- escrutinios de los organismos que el mismo gobierno ha apoyado, y que constituyen una valiosa herramienta de defensa social.
Disparar contra el mensajero no ocultará la realidad que se vive en México, apuntó el relator Juan Méndez después de que el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, lo acusara de ser no profesional y poco ético por concluir en su informe que la tortura es generalizada en nuestro país; estos calificativos fueron respaldados por el secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade, quien además señaló que el gobierno no trabajaría más con el relator.
Cerca de 30 organizaciones de la sociedad civil advertimos que estas declaraciones oficiales, así como las hechas en los dos meses previos por la Secretaría de Gobernación y el Comisionado Nacional de Seguridad en contra del Comité CED y de las primeras conclusiones del Relator contra la tortura, son inaceptables y preocupantes, más aún ante la grave crisis que enfrentamos en materia de derechos humanos y de falta de confianza en el gobierno. Además, la postura asumida por el titular de Relaciones Exteriores es contraria a los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del cual nuestro Estado es parte, y evidencian su intolerancia y desconocimiento de la realidad que enfrentamos cotidianamente no sólo las y los defensores, sino la población en general.
Las conclusiones del relator Méndez fueron precedidas por las del Comité CED, que apuntó que las desapariciones son generalizadas en nuestro país y quedan en la impunidad, y por el señalamiento hecho por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, quien manifestó su preocupación por la violencia generalizada en México.
Como experto en la materia y con ánimo constructivo, como lo manifestó en su respuesta a Jorge Lomónaco, representante de México ante la ONU, Juan Méndez lamentó los ataques personales en su contra, explicó nuevamente la metodología utilizada para llegar a sus conclusiones, denunció las presiones recibidas para suavizar sus señalamientos, desmintió las aseveraciones hechas por el gobierno mexicano y señaló su interés y disposición por realizar una visita de seguimiento en los años 2015 o 2016. La respuesta, a través de la SRE y del embajador Lomónaco, fue escudarse en que otros gobiernos (como el australiano y el estadunidense) tampoco aceptan las recomendaciones o no las cumplen, sostener que la tortura persiste pero no es generalizada, decir que están abiertos a seguir el trabajo pero advertir que la visita no se realizará en los dos siguientes años pues Méndez tiene la agenda llena. Ayer, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, secundó las afirmaciones del canciller en cuanto a supuestas inconsistencias en el trabajo del relator de la ONU. Así, los signos de preocupación no desaparecen para nada con este cierre de “diferendo”.
Desde la sociedad civil debemos estar atentos a las visitas de los mecanismos internacionales y exigir que el gobierno deje de retroceder en el fortalecimiento de los derechos humanos. No es poca cosa lo que se juega en ello.
Artículo publicado originalmente en Animal Político