* Organizaciones civiles condenan la respuesta a las instancias internacionales de derechos humanos.
México, DF, 06 de abril de 2015. Organizaciones civiles de México y otros países manifestaron su rechazo y preocupación por las declaraciones emitidas por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación a los Informes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura y del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, a las que consideran un retroceso en la política exterior mexicana.
El posicionamiento del embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos -quien calificó el Informe del Relator sobre tortura como “no profesional y poco ético”- es “de profunda indignación ante la situación actual que vive México en materia de derechos humanos”, señalaron las organizaciones en misiva pública. Para las y los defensores sociales, “es inaceptable que la Secretaría de Relaciones Exteriores rechace que la tortura sea generalizada en México sin sustentar sus afirmaciones y sin explicar no solamente el alarmante aumento del número de quejas registradas por tortura y malos tratos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos desde 2006, así como el incremento de averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República por este delito; sino el hecho de que los innumerables casos documentados dan cuenta de patrones de conducta que se repiten diariamente en el país”.
La declaración de la SRE de no querer trabajar más con el Relator de tortura no sólo va en contra de los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que México es parte, “sino que evidencian la intolerancia y el desconocimiento ante graves violaciones que se vienen cometiendo en todo nuestro país”, precisaron las organizaciones civiles.
Estas recientes declaraciones, sumadas a las emitidas en febrero y marzo de este mismo año por parte de la Secretaría de Gobernación y el Comisionado Nacional de Seguridad, respectivamente, en relación a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, luego de su primera evaluación de la situación en México, así como las emitidas recientemente descalificando el carácter generalizado de la tortura documentado por el Relator de Naciones Unidas, “manifiestan claramente un cambio negativo de política exterior, que se había caracterizado por la apertura al escrutinio internacional y la colaboración con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Además, estas expresiones abonan a la crisis de confianza que enfrenta actualmente el Estado mexicano”, sostienen en la carta.
Las organizaciones firmantes agregaron que la falta de reconocimiento de la situación real del país y de los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, manifestada en el creciente y preocupante desconocimiento de las observaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos por parte de su administración, representa un retroceso para la consolidación democrática de un Estado de derecho: “Una política exterior que se base en el desconocimiento de las instituciones internacionales a las que el Estado mismo ha contribuido a edificar y fortalecer, resta legitimidad al compromiso de avanzar a favor del respeto, protección y realización de los derechos humanos”.
Llamaron al presidente de la República a la congruencia en la política exterior mexicana en materia de derechos humanos. Precisaron que la invitación abierta y permanente que sostiene México a mecanismos internacionales de derechos humanos, se diluye ante el desconocimiento de las observaciones emanadas de dichos mecanismos, “conformados por personas expertas y de reconocido prestigio internacional, quienes sobre la base de información objetiva y fidedigna, y guiadas por los principios de integridad, transparencia e imparcialidad, contribuyen en la promoción y protección de los derechos humanos”.
“La autocomplacencia y la falta de voluntad para atender lo que verdaderamente ocurre en el país, no contribuye a las acciones necesarias para hacer frente a esta crisis de derechos humanos. En consecuencia, le solicitamos rectifique las respuestas del Estado mexicano a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y al Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y atienda las recomendaciones presentadas en sendos Informes a la brevedad”, finalizaron.