Obliga la Suprema Corte al Estado de México a investigar feminicidio/ Proceso La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas con perspectiva de género y sin discriminación. En una decisión sin precedentes, la Primera Sala del máximo tribunal concedió un amparo a Irinea Buendía para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) rehaga la investigación sobre el asesinato de su hija, Mariana Lima Buendía, como un probable feminicidio. Abogada de 29 años, Mariana Lima apareció muerta en su casa de Chimalhuacán, en 2010. Desde entonces, los familiares de la víctima responsabilizan a su esposo, Julio César Hernández Ballinas, un agente policial de la propia PGJEM. La Sala decidió por unanimidad no sólo conceder el amparo a Irinea Buendía, de 62 años, sino que pidió que se establezcan responsabilidades a los funcionarios públicos encargados de haber desviado la investigación.
Denuncian por discriminación a migrantes al alcalde de Saltillo/ La Jornada La Casa del Migrante de Saltillo Frontera con Justicia presentó denuncia penal en contra del alcalde panista de Saltillo, Isidro López Villarreal, por “criminalizar en público la pobreza y la migración e incitar a la discriminación de las personas migrantes”; lo anterior derivó en el arresto policial de dos centroamericanos que pedían limosna en la vía pública. El director del albergue, Alberto Xicotencatl Carrasco, presentó un video grabado por una vecina del barrio La Maquinita, cerca de la zona centro de Saltillo, donde se observa que un contingente de la policía municipal persiguió, detuvo, sometió y desnudó parcialmente a dos migrantes centroamericanos. El video se grabó el lunes pasado, luego que desde mediados de la semana anterior el alcalde Isidro López Villarreal advirtió que los extranjeros sólo podrán pedir ayuda a los automovilistas en los cruceros viales si cuentan con un permiso, lo cual, aseguró, es prácticamente imposible de conseguir debido a su condición migratoria.
A 6 meses de Ayotzinapa: el lento camino de la justicia/ El Universal A seis meses de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, la PGR sólo ha acreditado el delito de desaparición forzada a cinco de los 99 detenidos que suman a la fecha. Los abogados defensores de los inculpados combaten las acusaciones: al menos una decena apeló el inicio del juicio en su contra, entre ellos, los tres principales autores materiales. Han transcurrido 173 días desde que la PGR atrajo la investigación; la dependencia únicamente ha acreditado cargos por delincuencia organizada, secuestro y en algunos, como el del ex alcalde de Iguala, homicidio calificado.
Inconstitucional, detener por más de 48 horas: SCJN/ Milenio La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró que los agentes del Ministerio Público que no consignen ante un juez a los detenidos dentro del plazo de 48 horas que marca la ley, éstos pueden quedar libres y las pruebas en su contra serán invalidadas. El lapso de 48 horas solo aplica para las personas que cometen delitos que no guardan relación con la delincuencia organizada, ya que en este último caso la Procuraduría General de la República (PGR) tiene hasta 96 horas para retener a una persona, con la intención de recabar pruebas en su contra.
Un pueblo con tres generaciones de desaparecidos/ Revista Soho San Juan de las Flores, en la Costa Grande de Guerrero, es un poblado que ha sufrido la violencia e inseguridad del país en carne propia y en tres situaciones históricas distintas. En este pueblo del municipio de Atoyac de Álvarez hay muchas familias que han sido víctimas de la desaparición de sus seres queridos. Aquí, ése es un problema pasado y presente, con gente de tres generaciones cuyo paradero se desconoce debido a la Guerra Sucia, la Guerra contra el crimen organizado y los sucesos de Ayotzinapa. “Aquí cualquiera puede hablar, son distintos años pero es lo mismo”, sostiene Abad Castro.
Seis meses con el dolor a cuestas/ Trinchera Política y Cultura Cuando Damián Arnulfo Marcos recibió el aviso sintió que las piernas le temblaban; apenas pudo caminar para llegar a la cocina donde Dominga preparaba el café para los visitantes. No le dio tiempo de llevar las jícaras de café a los informantes. Un nudo en la garganta le impidió hablar con su esposa. Desde ese 28 de septiembre, Damián no ha podido dormir bien ni comer como antes. Lo único que espera es encontrar a su hijo Felipe, detenido-desaparecido por la policía de Iguala. Con la desaparición de Felipe, Damián vive en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desde que llegó el 29 de septiembre no ha regresado a Rancho Ocoapa. Fue a Ayutla en noviembre para acompañar a una marcha en contra de la militarización de la región, luego a Tecoanapa. De su casa sólo sabe lo que le cuenta su esposa y su hija Librada, que ahora camina con él en busca de su hermano desaparecido hace más de 176 días.
Méxicoleaks sí preocupa al gobierno: periodistas/ LadoB Mexicoleaks abrió, para el gobierno federal, dos frentes que aún no sabe cómo atajar, por un lado la posibilidad de que trabajadores insertados en las estructuras de gobierno, molestos con la corrupción, comiencen a filtrar documentos comprometedores, y por el otro lado el acuerdo en conjunto de medios apostados por la investigación periodística para trabajar a la par. En cuanto al despido de la Unidad de Investigaciones Especiales de MVS y la salida del equipo de trabajo de Carmen Aristegui, periodistas integrantes de la plataforma señalan que es una respuesta violenta de un PRI que no sabe gobernar de otra manera, o como lo sintetiza Rafael Rodríguez, de Proceso: “el PRI solo respondió a su naturaleza de gobierno autoritario y hegemónico”, que de la tradición de censura del aparato de gobierno más allá de si es de izquierda, de derecha o de centro.
Presenta comunidad indígena de Zacualpan amparo en contra de concesiones mineras/ Hijos de la Tierra El Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio y representantes electos en asamblea por usos y costumbres presentaron ante el Juez de Distrito en turno en el estado de Colima, un juicio de amparo del proceso de aprobación y otorgamiento de las concesiones mineras que ilegalmente se han dado en esa comunidad. La acción busca lograr la protección de la justicia federal en contra de la emisión y otorgamiento de los Títulos de Concesión Minera 227572 y 201872, relativas a los lotes TIGRILLA y HELIOTROPO, en virtud de que resultan ser violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en aplicación de los inconstitucionales artículos de la Ley Minera.
Estudiantes de Ensenada externan su apoyo a jornaleros de San Quintín/ Somos el Medio Desde su página de Facebook del Colectivo Estudiantil Cimarrones, se puede leer una carta de apoyo al paro de los jornaleros agrícolas de San Quintín, la cual está dirigida a Francisco Vega de Lamadrid, gobernador del estado de Baja California y a Gilberto Antonio Hidrata Chico, presidente municipal de Ensenada Baja California. La entrega fue después de un mitin que se realizó en el zócalo del municipio el 23 de marzo. Uno de los propósitos de esta manifestación era realizar un acopio de alimentos para los jornaleros en paro, así como exigir las garantías de los trabajadores y respeto a su integridad física.