* Autoridades fabrican cargos y rompen familias para “limpiar” las calles, denuncian organizaciones.
México, DF, 25 de marzo de 2015. “Como somos pobres, para nosotros no hay derechos humanos”, denunció María Guzmán, madre de uno de los jóvenes en situación de calle que fueron sentenciados por robo agravado el pasado 20 de marzo, después de 11 meses de privación de la libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Las organizaciones El Caracol, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) denunciaron que las autoridades capitalinas no solamente retiran a familias enteras del espacio público, sino que además les fabrican cargos, como en este caso.
Las organizaciones recordaron que el 22 de abril de 2014 se llevó a cabo un operativo de limpieza social en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) en contra del grupo de población callejera que se ubicaba en la calle de Artículo 123, en el centro de la ciudad. “Al momento de ser privados de su libertad, no se les informó el motivo real de su detención, ni se les presentó una orden de desalojo, por lo que los elementos de la SSP-DF sólo les comentaron que tenían órdenes de desalojarlos; tampoco fueron puestos a disposición inmediata del ministerio público, por el contrario, estos elementos los retuvieron alrededor de dos horas en las inmediaciones de la Alameda Central”, relataron.
El Caracol informó que a los detenidos les fueron fabricados “delitos que no cometieron y que son la causa principal de la sentencia condenatoria”, como robo agravado. Además, resaltaron la existencia de contradicciones y errores en las supuestas pruebas, entre ellas que una acusadora es elemento activo de la policía capitalina cuando declaró que es ama de casa. Sin embargo, la jueza del caso decidió dar más valor a las declaraciones de los policías que a las declaraciones de testigos, fotos y videos presentados por la defensa, que demostraban la inocencia de los jóvenes.
Las organizaciones denunciaron que este episodio “es parte de una política de limpieza social del Gobierno de la Ciudad de México, que se lleva a cabo mediante diversos operativos, entre los que destacan los desalojos forzosos y la fabricación de pruebas de la comisión de delitos, muchas veces inexistentes. El círculo de violencia estructural hacia poblaciones callejeras se redobla con sentencias de este tipo, que criminalizan y judicializan estos casos”.
Johana Sánchez, del centro Vitoria, indicó que este tipo de acciones llenan de miedo a la población que vive en los espacios públicos. Alma Meneses, de REDIM, agregó que se violenta también a las niñas y niños que presencian los operativos, además de que las autoridades rompen a las familias al quitarles la custodia de los infantes.
“Bajo la idea de ciudades bonitas e higiénicas, se envía el mensaje de que todo lo que la afea tendrá estas consecuencias”, interpretó Luis Enrique Hernández, de El Caracol.
Las organizaciones informaron que los derechos negados a estas poblaciones son: al de la identidad, a la alimentación adecuada, a la vivienda digna, a la educación, a servicios de salud, y oportunidades de empleo en condiciones justas y equitativas que les permita desarrollarse plenamente. Además, a la libertad, la seguridad personal, a no ser sometidos a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la igualdad ante la ley, a no ser detenidos arbitrariamente, a la presunción de inocencia, a la honra, a la no discriminación, al debido proceso, los derechos de la niñez, los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad.
Las organizaciones exigieron que la nueva instancia judicial que conocerá del caso valores las pruebas de la defensa, que el gobierno local ponga fin a sus acciones de limpieza social y que se construyan políticas públicas de atención integral a la población en situación de calle, entre otras peticiones.