Desmiente PGR a subsecretario de la SRE: Tipificar delito de desaparición forzada no depende de un juez/ La Jornada Tipificar el delito de desaparición forzada de personas en el caso de los 43 estudiantes de Ayotizanapa no es responsabilidad del juez federal que lleva la causa, sino de la clasificación del ilícito que consignó la Procuraduría General de la República (PGR). Fuentes judiciales precisaron que el hecho de que el Ministerio Público Federal consignara al ex alcalde de Iguala (José Luis Abarca) por el delito de secuestro y delincuencia organizada, y no por desaparición forzada, tiene como consecuencia que el ilícito no sea considerado de lesa humanidad, lo que favorecería al Estado mexicano ante una eventual demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras el gobierno mexicano mantenga la tesis del secuestro, llegará el momento en que pueda suspender la búsqueda de estudiantes, porque no se trata de un delito de lesa humanidad y por tanto prescribe, apuntaron.
Las cuevas letales de Grupo México y un cacique de Coahuila/ Proceso La muerte de 65 trabajadores en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, ocurrida en 2006, no fue suficiente para que Grupo México tomara conciencia de la gravedad en las operaciones extractivas del carbón y, a nueve años de distancia, una de sus concesiones mineras en Coahuila, es explotada mediante el procedimiento más letal: simples cuevas, hasta de dos pisos, sin el menor atisbo de medidas de seguridad. Desde el siniestro ocurrido en Pasta de Conchos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como el gobierno de Coahuila, han comprometido una y otra vez el perfeccionamiento de sus inspecciones, pero la cifra de mineros fallecidos acumula desde entonces más de 160 obreros muertos, la mitad por explotaciones irregulares, rudimentarias, e inclusive, clandestinas. La operación del fundo minero de Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota-Velasco, está a cargo de uno de los caciques de la región: se trata del diputado local y exalcalde priista de San Juan de Sabinas, Coahuila, Antonio Nerio Rodríguez.
Cada 26 horas un periodista sufre una agresión en México/ El País El año pasado fueron asesinados en México cinco periodistas, seis si se incluye al hijo de Indalecio. El informe Estado de censura, de la organización Article 19, revela que a lo largo de 2014 se documentaron 326 agresiones, solo cuatro menos que en 2013. De estas, en 142 casos los ataques fueron físicos, hubo 53 denuncias por intimidación y presión, 45 detenciones arbitrarias, 44 amenazas y 5 de difamación, entre otras. Según el documento, el promedio de agresiones contra la prensa se ha duplicado durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. «La violencia contra la prensa ya no es solo un problema del norte de la República, hay agresiones en todo el país, se ha generalizado», ha indicado el directivo Darío Ramírez. Los cinco Estados con más ataques a periodistas durante 2014 fueron el Distrito Federal (por los frecuentes altercados en las marchas de la capital), Veracruz (cuya situación ha provocado recientemente la retirada del certamen cultural Hay Festival), Quinta Roo, Guerrero y Oaxaca.
Ni un consignado por desaparición forzada en los últimos 8 años/ El Economista Del 2006 y hasta abril del 2014 nadie ha sido condenado por desaparición forzada en México, pese a que es uno de los ilícitos que más preocupa, informó en la tribuna del Senado Alejandra Ancheita Pagaza, ganadora del reconocimiento Martín Ennals 2014, considerado el Nobel de los derechos humanos. La denuncia de la directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, ?en torno a que no ha habido consignados por desaparición forzada en México durante el periodo citado, se da pese a que del 2006 al 2011 se presentaron 390 quejas por este delito ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de las cuales 277 se registraron entre 2010 y 2011 (más de 70%).
Discuten en la Corte caso sobre feminicidio/ Reforma La Suprema Corte de Justicia discutirá hoy la procedencia del amparo sobre el caso de Mariana Lima Buendía, quien presuntamente fue asesinada por su esposo en Chimalhuacán, Estado de México, en 2010. Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Amnistía Internacional confiaron en que los Ministros se pronuncien sobre la violencia de género y ordenen que los hechos sean nuevamente investigados. De acuerdo con los activistas, a cinco años del crimen, el caso ha pasado por 20 Ministerios Públicos, tres fiscalías y tres procuradores estatales, quienes calificaron la muerte de Mariana como un suicidio pese a la evidencia que existe en contra de su esposo Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía de Investigación del Edomex.
Corresponde a SCJN determinar sobre Ley de Movilidad en DF/ Radio Fórmula Solicitar permiso para realizar una marcha con 48 horas de anticipación, los operativos policiacos que pretenden implementar para estas acciones, así como limitar la protesta a determinadas avenidas y el no considerar aspectos como ayudar a personas con alguna discapacidad, son algunos de los motivos por los que se han presentado 63 amparos, además del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de la Ley de Movilidad en la Ciudad de México. José Ramón Amieva, consejero jurídico del Gobierno del Distrito Federal, dijo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación responder a tales amparos. «Vamos a pedir que sea una instancia federal quien determine», expuso.
Libre, el asesino confeso de madre ejecutada en Sinaloa al buscar a hijo desaparecido/ Sin Embargo Por falta de pruebas, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, quien había sido acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa de ser el autor material del homicidio de la activista Sandra Luz Hernández, obtuvo sentencia absolutoria que lo dejó en libertad el 13 de marzo. Sandra Luz fue asesinada a plena luz del día en Culiacán. Le tendieron una trampa: la citaron para “decirle en dónde estaba” su hijo, un ex empleado de la misma Procuraduría, y le dieron muerte. Ella exigía a la Procuraduría que investigara la desaparición del joven. Incluso dijo que dentro de la misma dependencia podrían estar los asesinos. Ahora, esa Procuraduría ha liberado al que presentó como asesino confeso. La autoridad no acreditó pruebas.
Para hacer resonar la palabra originaria: radio Ach’ Lequilc’op/ Másde131 Por casi 20 años la misión jesuita de Bachajón, Chiapas, había soñado con la construcción de una radio que sirviera para preservar la lengua y cultura tseltal así como para difundir el trabajo que realizan en las comunidades de la sierra norte chiapaneca. Apenas hace 3 años, con apoyo de diversas instituciones, entre ellas el ITESO y la UIA, este sueño se comenzó a materializar y culminó el pasado 21 de marzo con la inauguración de radio Ach’ Lequilc’op (la buena palabra o la buena noticia). Esta misión, instalada desde 1958 se ha encargado en estos años de acompañar y asesorar a comunidades tseltales en distintos procesos que abarcan derechos humanos, ecología, desarrollo de proyectos sutentables, nutrición, salud, equidad de género y acompañamiento espiritual.
CNDH pide reparar daño total en casos como Chalchihuapan/ E-consulta La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que en casos «relevantes» y «altamente sensibles», como el de Chalchihuapan en el estado de Puebla, se debe garantizar la reparación del daño de manera completa a las víctimas, adoptar medidas para que los casos no se repitan y asegurar el derecho a la verdad para las familias de los agraviados. Hasta ahora, Elia Tamayo Montes, la madre de José Luis, y Martín Romero Montes, quien recibió el impacto un proyectil en la mandíbula, refirieron que el gobierno del estado no les ha reparado el daño sufrido. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro», la reparación del daño no sólo consiste en la entrega de dinero, sino también medidas de rehabilitación física y sicológica de por vida, disculpas públicas, becas u otros apoyos, así como reparación del daño moral.
La impunidad en la violencia contra las mujeres es una práctica generalizada: AI/ Revolución 3.0 En México la impunidad en la violencia contra las mujeres, que incluyen abuso sexual y feminicidio, es una práctica generalizada, alertó Amnistía Internacional (AI). En un comunicado, la organización en defensa de los derechos humanos exigió a las autoridades actuar contra las sistemáticas violaciones a los derechos de las mujeres y niñas. En tanto, reiteró que las leyes que se aprobaron en 2007 para mejorar la prevención e investigación de la violencia contra el género femenino, son ineficaces, pues no se han aplicado.
En peregrinación, más de 15 mil indígenas evidencian situación de violencia, impunidad y corrupción en Chiapas/ Radio Pozol “Esta peregrinación es una acción pacífica, en la que se pedirá por la paz, la justicia y un alto a la corrupción. Exigiendo que se atiendan las necesidades sociales de los pueblos en la región”, informa el centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), sobre la multitudinaria peregrinación convocada por el Consejo Parroquial y el Pueblo Creyente de Simojovel, durante los días 23 al 26 de marzo hacia Tuxtla Gutiérrez. “La violencia ha sido generada por personas militantes de los partidos políticos, autoridades municipales y personas vinculadas con el crimen organizado”, denuncia el consejo Parroquial. “Esta situación de deterioro de las relaciones comunitarias ha sido permitida, tolerada y con plena complicidad de funcionarios de los tres niveles del gobierno mexicano”, abunda el Frayba en un boletín de prensa.