*Expertos emitieron primeras observaciones al Estado, y solicitaron que continúe la búsqueda de los jóvenes.
México, DF, 20de marzo de 2015. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 y 27 septiembre en Iguala, Guerrero, y las organizaciones que les acompañan saludaron el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se señaló que los hechos son un crimen de lesa humanidad.
Las familias expresaron que las primeras recomendaciones, en las que se instó al Estado mexicano a tratar el caso como desaparición forzada, les da esperanza de que en breve accedan a la justicia y verdad. Mientras tanto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez destacaron la relevancia de las primeras recomendaciones emitidas en los 19 días de trabajo en torno al proceso de búsqueda, investigación, atención a las víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada.
El GIEI, creado en el marco del acuerdo entre México, los peticionarios del caso Ayotzinapa y la CIDH, dio a conocer las primeras actividades realizadas durante su estancia, así como las peticiones y recomendaciones hechas al Estado para el cumplimiento de su mandato. Entre las primeras peticiones del Grupo destacan la solicitud de una copia digital del expediente que se encuentra en la PGR, tratar el caso como desaparición forzada, establecer un dispositivo de atención médica para los familiares en la zona y contar una segunda evaluación neurológica urgente para el normalista Aldo Gutiérrez, quien se encuentra en estado de coma, además de resguardar toda la información relevante y continuar con las búsquedas.
El GIEI resaltó la confianza brindada por las víctimas, «quienes se encuentran en una muy difícil situación a casi seis meses de los hechos».
Entre otras cuestiones, el Grupo de expertos exhortó a que las acciones de búsqueda continúen, solicitó a las autoridades de la PGR que realicen las gestiones para la obtención de fotografías satelitales que aporten mayor evidencia, pidióun mapa de fosas actualizado y casos relacionados con ellas, que se use de tecnología láser para identificar perturbaciones y realizar un trabajo amplio de búsqueda, en el que se coordinen y participen autoridades estatales, federales, expertos independientes y familiares.
Los expertos señalaron que están analizando las declaraciones ministeriales de testigos e inculpados, así como otros elementos probatorios incluidos en el expediente, con la finalidad de verificar y contrastar la información, de forma que pueda avanzarse en la investigación y esclarecimiento del caso. También están evaluando en qué áreas solicitarán algunos peritajes específicos en los próximos meses.
El GIEI solicitó también una entrevista con el personal militar del Batallón 27 de Iguala, y sostuvo que es fundamental evitar la revictimización de las víctimas y los familiares. En ese sentido, pidió de forma urgente, la reactivación de la atención médica para los familiares que desde hace casi 6 meses están concentrados en la Escuela Normal de Ayotzinapa, la dotación de medicamentos y el establecimiento de mecanismos de referencia, en caso necesario, hacia otros niveles de atención sanitaria. «La situación también ha afectado la salud de familiares que no están en la escuela, por lo que es conveniente articular un mecanismo de atención de sus necesidades, en el sentido de la Ley de Víctimas y los estándares internacionales y mejores prácticas para atender casos de violaciones de derechos humanos», agregaron. Demandaron también una segunda opinión y una evaluación clínica de un especialista en neurología para el normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien se encuentra en coma como consecuencia de las heridas de bala que le causó la policía municipal de Iguala, petición ya hecha por la familia desde hace tres meses.
En cuanto a la propuesta de ley sobre desaparición forzada, el GIEI consideró que debería ayudar a establecer los criterios para una política integral y coordinar las acciones necesarias, incluyendo los mecanismos de búsqueda urgente, la declaración de ausencia por desaparición que dé respuesta a las necesidades psicosociales y sociolaborales de los familiares, así como las necesidades educativas de la población infantil y juvenil, el manejo de las experticias forenses, y los mecanismos de alerta temprana y prevención de forma integral.
Las familias y organizaciones señalaron que estarán pendientes del regreso a México de los miembros del GIEI el próximo 6 de abril, para que continúen con el mandato que les fue encomendado, y reiteraron la importancia de que el grupo cuente con condiciones adecuadas para realizar su trabajo.