* Organizaciones exigen el cese de los operativos contra las y los migrantes en tránsito.
México, DF, 19 de marzo de 2015. Oganizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que la situación que atraviesan las personas migrantes en tránsito por México se torna cada vez más violenta, sin que las autoridades a nivel local, estatal y federal implementen una auténtica política de protección a las y los migrantes en tránsito y sin que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie al respecto.
«Muestras de esta grave situación son las ejecuciones de tres migrantes centroamericanos ocurridas el 11 de marzo, quienes fueron encontrados dentro de los vagones del tren que va de Laredo a San Luis Potosí, así como la ejecución de un joven migrante de 17 años y las lesiones por impacto de bala causadas a un niño de 15 años, tras ser asaltados a bordo del tren de carga en Tehuacán, Puebla el pasado 17 de marzo», detallan.
Los defensores recuerdan que el Estado mexicano, a través de todas las autoridades que lo conforman, tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes. «Sin embargo, lejos de ello, a partir de la implementación del Plan Frontera Sur, la estrategia del Estado Mexicano para con las personas migrantes se ha centrado en la realización de operativos de detención por parte del Instituto Nacional de Migración que, además, son cada vez más violentos y en regiones remotas donde las personas migrantes no tienen acceso al apoyo de personas y grupos solidarios, albergues y organizaciones defensoras de derechos humanos. Así lo han documentado y denunciado las casas del migrante como las de Palenque, Chiapas y Tenosique, Tabasco», lamentaron en un comunicado.
Recuerdan que el Plan Frontera Sur plantea en sus objetivos el supuesto desarrollo de estrategias puntuales que garanticen la seguridad y la protección de los migrantes, «pero, en realidad, se traduce en tratar a la migración en tránsito como un problema de seguridad nacional, sin perspectiva de derechos humanos y sin una estrategia que realmente erradique al crimen organizado que está apoderado desde hace muchos años de las rutas que las y los migrantes toman para continuar su viaje hacia Estados Unidos, y que opera con la connivencia de las autoridades encargadas de velar por sus derechos».
Las organizaciones señalan que es urgente que el Estado Mexicano cese los operativos que vulneran la vida, la integridad física y en general, los derechos humanos de las personas migrantes; brindar seguridad a todas las personas que se encuentran en nuestro territorio, independientemente de su situación migratoria, de conformidad con las obligaciones del Estado en virtud de los tratados internacionales ratificados en la materia; que las autoridades encargadas de la procuración de justicia atiendan los cientos de denuncias formuladas por las organizaciones de derechos humanos respecto de las violaciones y los abusos cometidos contra las personas migrantes, incluyendo asaltos, secuestros y privaciones de la vida, perpetrados por el crimen organizado con participación o tolerancia de las autoridades, y que permanecen en total impunidad.
También explican que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales tienen la obligación de pronunciarse de manera urgente sobre este tema y vigilar que se realicen las acciones correspondientes por parte de las autoridades para que las violaciones a derechos humanos no se sigan cometiendo,pues «el silencio las vuelve cómplices de la acción u omisión por parte del Estado Mexicano». Recuerdan que también las fiscalías especializadas en delitos cometidos contra las y los migrantes tienen la obligación de trabajar de manera rápida y expedita y en conjunto con las organizaciones de derechos humanos de migrantes para atender a esta población.
Para finalizar, se solidarizan con la comunidad de Caborca, Sonora donde a raíz del asesinato de dos personas por el crimen organizado, la comunidad se ha manifestado públicamente exigiendo investigación, identificación y sanción a las y los culpables. Las organizaciones firmantes son: Axel García Carballar; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Ibero Puebla; SJM-México; José María Villaseca AC; Albergue Nuestra Sra. de Guadalupe; Albergue San Juan Diego; Iniciativa Kino; Lic. Hugo Vadillo Zurita; Casa del Migrante Taticj Samuel; Hermanas de los Sagrados Corazones; Seminario Scalabriniano; Hnas. del Servicio Social; Hnas. de San José de Lyón; Casa del Migrante Santa Martha; Casa del Migrante, Casa Nicolás; Comité Mons. Romero; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Atención al Migrante Necesitado; Global Workers; Casa del Migrante Santa Cruz; La Patrona, Esperanza del Migrante; Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica; Casa-Hogar para Migrantes ?La 72; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh Juárez; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Misioneras Scalabrinianas; Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio.