* En aniversario de la nacionalización del petróleo, denuncian violaciones a los derechos de los pueblos con la nueva ley.
México, DF, 19 de marzo de 2015. De forma contraria a la nacionalización del petróleo, dictada para mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos, la reforma energética “prioriza la inversión extranjera sobre los derechos humanos de comunidades indígenas y agrarias”, denunciaron organizaciones de la sociedad civil en el 77 aniversario de la expropiación dictada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.
Las organizaciones recuerdan que el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo con el objetivo de terminar con el abuso por parte de los empresarios extranjeros y hacer una retribución social al pueblo mexicano. En contraste, la reforma aprobada el año pasado –por medio de figuras como el arrendamiento, la servidumbre voluntaria, la ocupación superficial, la ocupación temporal, la compraventa y la permuta- representa una grave violación a los derechos a la tierra; al territorio y bienes naturales; a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado y a la autodeterminación y al desarrollo de los pueblos originarios, además de que dañará gravemente al medio ambiente, detallaron.
En el comunicado firmado por Alianza Mexicana contra el Fracking, Colectivas, Equipo Pueblo, Fundar Centro de Análisis e Investigación Greenpeace, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), se resalta que la reforma –cuyo paquete de reglamentación fue aprobado el 7 de agosto el 2014- considera a las actividades de exploración y aprovechamiento de hidrocarburos, así como la generación de energía eléctrica, como de orden público e interés social, con lo que adquieren un carácter prioritario frente a cualquier otra actividad.
El medio ambiente sufrirá graves consecuencias debido a la reforma constitucional, pues excluye el fomento de energías renovables, y las formas de explotación que prevé “son sumamente peligrosas y requieren de una gran cantidad de recursos, por ejemplo, el fracking”, alerta el comunicado. “Es lamentable que este gobierno siga fomentando una economía basada en carbono, aun cuando hay suficiente evidencia científica que demuestra que las emisiones de gases de invernadero generadas por el hombre están afectando el clima del planeta y sus efectos están presentes en nuestra vida cotidiana”, condenaron las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones también resaltan que, en forma paralela a la reforma energética, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha creado leyes que criminalizan el derecho a la protesta, “que facilitarán la represión en caso de que una comunidad o ejido decidan no aceptar el desarrollo de proyectos de inversión en sus tierras”. Anunciaron que realizarán un seminario para construir estrategias colectivas para defender los derechos de la población.
El día de mañana, en una audiencia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se analizarán las violaciones que fomenta la reforma energética.