* Sobre tortura y desapariciones forzadas, las más recientes; piden al Gobierno mexicano crear mecanismos efectivos para cumplirlas.
México, DF, 13 de marzo de 2015. Más de una decena de organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos rechazaron las descalificaciones del gobierno mexicano al Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan Méndez, presentado el 9 de marzo de 2015 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
“El talante de un Estado democrático, respetuoso de los derechos de las personas es la base de su legitimidad. Atacar y negar lo evidente mediante reacciones que poco abonan a la protección de derechos humanos en nuestro país, solamente expresa una actitud de desinterés ante los hechos y consolida una retórica de respeto a los derechos humanos que hasta el día de hoy no se traduce en la realidad”, enfatizaron.
Las organizaciones señalaron que el desconocimiento a la evaluación sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales no es nuevo. “El gobierno mexicano lo ha convertido en una práctica común que intenta minimizar el alcance y contenido de las recomendaciones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, deslegitimando sin fundamento suficiente la veracidad de la información que los sustenta”. El gobierno, recordaron, reaccionó de similar manera ante el reciente Informe del Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
Para las y los defensores, esta reacción demuestra una clara contradicción con el discurso de cooperación y apertura con los órganos de vigilancia de derechos humanos que el Estado mexicano dice tener. “El Estado Mexicano está obligado a modificar esta posición, , asumir y reconocer la magnitud del problema respecto de violaciones graves a los derechos humanos, en este caso la práctica de la tortura generalizada, que ante esta postura el Gobierno Mexicano, legitima y da fuerza a que esta práctica se siga realizando”, escribieron.
Las organizaciones firmantes sostuvieron que el informe del Relator está basado en evidencias sólidas obtenidas en su visita realizada durante abril y mayo de 2014. El mismo Juan Méndez señaló en el documento que recibió “numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad que demuestran la persistente utilización de torturas y malos tratos como método de investigación en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas”.
Las organizaciones afirmaron que el gobierno mexicano está obligado a establecer de manera expedita, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, mecanismos efectivos de interlocución que permitan dar cumplimiento integral a las recomendaciones hechas al gobierno mexicano en el informe presentado en días pasados sobre tortura, “ya que sólo de esta manera se podrá avanzar decididamente en el combate a la impunidad y en la erradicación de este tipo de prácticas”.