* ONG advierten despojo de tierras y recursos a los pueblos indígenas y contaminación ambiental.
México, DF, 11 de marzo, 2015. Por violar derechos humanos de la población, particularmente de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil llevarán el tema de la Reforma Energética a una audiencia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el próximo 20 de marzo.
Durante el “Conversatorio sobre escenarios en México: derechos humanos, empresas & reforma energética”, organizaciones civiles advirtieron que la reforma energética profundizará la crisis de derechos que ya se afronta en México. Afectará a la población por medio de la contaminación, el despojo legalizado de territorios por medio de figuras como la servidumbre legal y la ocupación temporal–una de las condiciones de las empresas para invertir-, la anulación en la práctica del derecho a la consulta y la promoción del fracking o fractura hidráulica, que destruirá ecosistemas.
Representantes de las organizaciones que convocaron al Conversatorio expusieron que las disposiciones de la reforma dan prioridad a la generación de energía por encima de otras actividades. Juan Antonio López, de ProDesc, explicó que se asegura el usufructo de la tierra por parte de las empresas por medio de un simple procedimiento administrativo, aunque los propietarios no estén de acuerdo, lo que afectará la propiedad social de la tierra y deja en la indefensión a los pueblos.
Bettina Cruz, activista de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, ejemplificó que la consulta que actualmente se lleva a cabo en Juchitán sobre la implementación de parques eólicos no es previa, libre, informada ni de buena fe, y advirtió que constituye un experimento de cómo se implementarán estos ejercicios en México. Agregó que los pueblos no están recibiendo ningún beneficio de los parques eólicos.
Phil Bloomer, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explicó que se puede presionar a las empresas para que adopten medidas favorables a las sociedades. Señaló que su organización se dirigió a cien gobiernos y 180 compañías con preguntas específicas sobre las medidas que aplican en materia de empresas y derechos humanos, y obtuvo respuestas positivas de la mitad de ellas.
Las y los ponentes coincidieron en que la militarización y el uso de la Gendarmería son estrategias para asegurar que las inversiones de las empresas energéticas. Fernanda Hopenhaym, de PODER, agregó que algunas de las empresas que entrarán al mercado energético cargan con un historial de violaciones a los derechos humanos.
Santiago Aguirre, del Centro Prodh, sostuvo que para enfrentar el despojo que provocará la reforma es necesario explorar mecanismos internacionales, hacer investigación corporativa y controvertir la reforma en tribunales con base en los derechos humanos y, sobre todo, apostarle a la organización de los pueblos, “pues donde hay densidad social, no pasan estos proyectos”.
Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó que el objetivo de la audiencia ante la CIDH es presentar los riesgos de la reforma energética ante “un contexto de violaciones graves a derechos humanos” en México. Agregó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negó a involucrarse en este tema por considerar que no era un tema de derechos humanos; y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rehusó la posibilidad de hacer una consulta pública por “tratarse de un tema de ingresos y no de derechos”.
La audiencia ante la CIDH, que se realizará en el contexto del 154 periodo de sesiones del organismo a las 12 horas (tiempo de México), fue solicitada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Greenpeace México.