* El Relator Especial de las Naciones Unidas señala que la tortura en México es generalizada e impune.
México, DF, 09 de marzo de 2015. En esta ocasión correspondió al Relator Especial sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, confirmar lo que las organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas hemos dicho desde hace algunos años: México se encuentra en una grave crisis de derechos humanos.
Después de una visita al país, entrevistas con los principales interesados en el tema e inspecciones en lugares clave, el informe del relator Juan Méndez concluye que “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”. Agrega que hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, “pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
El panorama que el Relator Especial halló en México en cuanto a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes se une al escenario de violaciones graves que ha descrito el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ambas instancias de Naciones Unidas.
El Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, al presentar su informe anual, ubicó a México entre los 30 países que más violan los derechos humanos, al lado de Siria, Irak, Nigeria y Rusia; junto con Venezuela es el que tiene la peor situación en América Latina. Por su parte, el Comité CED señaló que en nuestro país hay “desapariciones generalizadas” en gran parte del territorio, que no se resuelve el paradero de las y los desaparecidos y que el crimen queda en la impunidad.
Existe un elemento que es común a las desapariciones forzadas y a la tortura, dos de las graves violaciones a los derechos humanos que campean hoy por el país: la falta de castigo a los perpetradores. Un dato es ilustrador: entre los años 2005 y 2013, solamente se emitieron dos sentencias firmes por tortura, a pesar de que tan solo en 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 2 113 quejas en este sentido.
El informe del Relator Especial asevera que “la impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento”, por lo que recomienda reconocer públicamente la dimensión del fenómeno y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios en el sentido de que todo maltrato será seriamente investigado y castigado. Más aún, pide que todas las instancias de tortura y malos tratos sean investigadas prontamente como tales, incluyendo los sucesos pendientes de la Guerra Sucia.
Además del aliciente que representa la impunidad de los casos de la Guerra Sucia, el informe del Relator Especial consigna que la práctica de la tortura se multiplicó a partir de la militarización de la seguridad pública en la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. La mayor parte de quienes denuncian actualmente los maltratos están acusados de delincuencia organizada. Por ello, en el informe se recomienda retirar a las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública.
A la impunidad abona la dificultad de conocer el número real de casos de tortura, pues como el mismo informe de las Naciones Unidas lo consigna, no hay un registro nacional de casos, muchas veces se le clasifica con tipos penales de menor gravedad, como abuso de autoridad, y los jueces encargados de perseguirla no abren las investigaciones correspondientes.
El Relator Especial visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, y se entrevistó tanto con altos funcionarios de los tres poderes a nivel federal y estatal, como con comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y víctimas y sus familiares.
El complejo panorama de cómo la tortura se enquista en el Estado incluye Protocolos de Estambul mal aplicados o interpretados restrictivamente; revisiones médicas que no buscan signos de la tortura; médicos encargados de realizar exámenes médicos que no son independientes de los cuerpos acusados de torturar; detenidos denunciantes de tortura que deben esperar hasta el final de su proceso penal para que los jueces decidan si desechan las pruebas al estar relacionadas con la violación a derechos humanos; peritajes independientes desestimados, y funcionarios acusados que siguen despachando en sus cargos.
Cada uno de los aspectos expuestos por el informe del Relator Especial tienen rostro, muchos de ellos conocidos y miles más anónimos, que pelean para que se castigue esta grave y sistemática violación a los derechos humanos.
Un par de esos rostros es el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos arbitrariamente en 1999 por militares, quienes les fabricaron pruebas. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó desde 2010 que las autoridades mexicanas investigaran la tortura a la que fueron sometidos; éstas insistieron en desestimar los peritajes de expertos que comprobaron la denuncia y en practicar, más de 15 años después de los hechos, exámenes que pretenden negar los tormentos sufridos.
Otros de los rostros son las mujeres denunciantes de la tortura sexual en Atenco. Los policías agresores fueron acusados de “abuso de autoridad” y de “actos libidinosos”, y todos fueron absueltos. El caso se encuentra en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Claudia Tamariz, Cristel Piña y Belinda Garza Melo fueron detenidas en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y señaladas con diversas acusaciones relacionadas con la delincuencia organizada. Fueron torturadas sexualmente, pero ninguno de sus agresores ha comparecido ante las autoridades. Cristel sigue en prisión.
Las víctimas, sus familiares, las organizaciones de derechos humanos, y ahora las Naciones Unidas, compartimos el mismo mensaje: es necesario terminar con la impunidad ahora. Sólo así encontraremos verdad, justicia y reparación.