* Grupo priista agredió a observadores ante la omisión de la policía y el representante del gobierno del estado.
México, DF, 04 de marzo de 2015. Mediante un bloqueo y agresiones verbales y físicas, un grupo de priistas impidió la visita de la Misión nacional e internacional de observación sobre el caso Zacualpan, poblado colimense que vive un conflicto debido a la pretensión de imponer en sus tierras una mina. Las y los observadores denunciaron que el gobierno estatal permitió el bloqueo, y sostuvieron que “nos queda claro que el problema básico no reside en una lucha interna en la comunidad, sino en el apoyo gubernamental a un grupo minoritario que le confiere impunidad a sus acciones delictivas”.
La caravana, que arribó a la comunidad nahua el 1 de marzo, estaba integrada por representantes de 18 organizaciones de derechos humanos y ambientalistas de Canadá, Estados Unidos y México, con el objetivo de “documentar, de forma directa, la difícil y grave situación que ha prevalecido en Zacualpan, y de ser posible ayudemos a evitar se tenga un nuevo caso de violencia en México de consecuencias irreparables”. A la entrada del pueblo, las y los defensores de derechos humanos se encontraron con un retén de seguidores del expresidente del Comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, destituido por la asamblea acusado de tratar de imponer el proyecto minero.
A pesar de los intentos de dialogar con el grupo priista, y de la solicitud previa y repetida en ese momento a las autoridades para que garantizaran el libre tránsito (de acuerdo con Proceso, a pocos metros de distancia se encontraban apostadas más de veinte camionetas con agentes de la Policía Estatal y de la Policía de Procuración de Justicia, además del director general de Gobierno, José Alberto Peregrina Sánchez), éste no permitió la entrada de la Misión, compuesta por organizaciones como Greenpeace, MiningWatch, Peace Action, Environmental Defender Law Center, Fund for Global Human Rights, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua, Tlachinollan y Colectivo de Abogados de Jalisco.
De esta forma, las y los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) fueron impedidos de entrevistarse con la Misión.
Las y los habitantes de Zacualpan comenzaron su resistencia al proyecto minero de la empresa Gabfer en el año 2013. En ese entonces, Carlos Guzmán fue acusado de ofrecer dinero por cada voto a favor de la mina. Sin embargo, las y los comuneros rechazaron el proyecto por el riesgo de contaminación a su manantial, destituyeron a Guzmán y declararon a su comunidad “territorio libre de minería”. El grupo de habitantes priistas que apoya al depuesto Carlos Guzmán tomó el control del balneario Ojo de Agua, propiedad de la comunidad, e instalaron un bloqueo. Desde entonces, prevalece una situación de tensión en la que, denunció la Misión, se difama y hostiga a quienes se oponen al proyecto y a sus defensores, pertenecientes a la organización Bios Iguana.
La Misión acusó que quienes promueven el proyecto minero han sido señalados como instigadores de la violencia y de la corrupción, mientras las instancias de los tres niveles de gobierno han sido culpadas por actuar en contubernio con la corporación minera.
“La omisión de los actos de autoridad de la policía y del representante del gobierno del estado que se apersonó, demuestran fehacientemente su complicidad en contra de la decisión mayoritaria de la población de Zacualpan, que se ha opuesto sistemáticamente y en diversas instancias a la actividad minera en su territorio y también por el control del balneario Ojo de Agua”, sostuvieron las y los observadores en un comunicado.