* Amnistía Internacional consigna torturas, desapariciones forzadas, agresiones a migrantes, mujeres y defensores, y sobre todo, impunidad.
México, DF, 02 de marzo de 2015. La impunidad como norma y la continuación de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y amenazas a comunicadores y defensoras de derechos humanos, entre otras amenazas a la población, son el panorama que de México presenta Amnistía Internacional (AI) en su Informe 2014-15. La situación de los derechos humanos en el mundo.
En poco más de cinco páginas, la organización internacional resume el panorama en el que vivieron las y los residentes en México en cuanto a policía y fuerzas de seguridad; desapariciones forzadas; tortura y otros malos tratos; sistema de justicia; periodistas y defensores y defensora de los derechos humanos; violencia contra mujeres y niñas; derechos de las personas refugiadas y migrantes; derechos de los pueblos indígenas; libertad de expresión y escrutinio internacional.
Aunque AI expone algunos avances (como la abolición del fuero militar en el caso de violaciones a los derechos humanos y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reforzó las obligaciones jurídicas para excluir las pruebas obtenidas mediante tortura), los hechos negativos son mucho mayores, sobre todo lo relativo a la falta de castigo a perpetradores de crímenes y violaciones a derechos humanos y la falta de rendición de cuentas del personal encargado del orden público.
El organismo destaca que “se recibieron nuevas denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta y la falta de rendición de cuentas de la policía y el ejército. La impunidad por violaciones de derechos humanos y delitos comunes seguía siendo la norma”. Además, resalta, las iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas resultaban por lo general infructuosas y se desconoce el paradero de la mayoría de las y los desaparecidos, cuyo número se cifró en poco más de 22 mil pero sin que el gobierno aclarara la metodología, aclara AI.
El informe consigna que muchas violaciones de derechos humanos se siguieron atribuyendo a soldados y miembros de la Marina, “que continuaban siendo desplegados en gran número en operaciones de mantenimiento del orden, incluida la lucha contra la delincuencia organizada”.
La situación de periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos no parece mejorar. El estudio testifica que sufrieron hostigamiento, amenazas y homicidio, además de que “algunos enfrentaban cargos penales por motivos políticos”.
En cuanto a las y los migrantes, estos “seguían viviendo bajo la amenaza de asesinato, secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de seres humanos; los responsables rara vez comparecían ante la justicia”, además de que sus defensores fueron también hostigados.
Los pueblos y comunidades indígenas, además ser discriminados en el sistema de justicia penal y en el acceso a servicios básicos, fueron afectados en su derecho a la consulta por la implementación de proyectos de desarrollo y explotación de recursos y se persiguió a sus líderes.
Amnistía Internacional también informa de la adopción o propuesta de legislaciones, no ajustadas a las normas internacionales de derechos humanos, relativas al uso de la fuerza durante las manifestaciones, como la Ley Bala de Puebla y medidas similares en Quintana Roo y el Distrito Federal.
El informe expone que a pesar de la existencia de leyes para combatir la violencia contra las mujeres, la violencia de género era habitual en muchos estados.
Amnistía resaltó, en ejemplos particulares, los casos de la desaparición forzada de los 43 normalistas y la ejecución de civiles a manos del Ejército en Tlatlaya, además de la detención de dirigentes de organizaciones indígenas de Guerrero.