* Operativo militar y policiaco resguarda al personal de las transnacionales concesionarias.
México, DF, 25 de febrero de 2015. Efectivos militares y de corporaciones policiacas federales y del estado de Puebla despojaron de sus tierras a campesinos de San Miguel Papaxtla para garantizar la construcción del gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM), al que se oponen las y los pobladores.
Además de servir para resguardar las obras, la continuada presencia militar y policiaca “genera un ambiente amenazante que impide a los pobladores ejercer libremente sus derechos”, denunciaron decenas de organizaciones de derechos humanos.
El sábado 21 de febrero, minutos después de las 7 de la mañana, pobladores de San Miguel Papaxtla fueron sorprendidos por la presencia de decenas de elementos de las Policías Estatal, Federal y del Ejército que permanecían en la entrada de la comunidad. Al llegar a su milpa, el señor Claudio Rosas Grande “se percató que maquinaria pesada para la construcción de la obra Gasoducto Morelos se encontraba invadiendo su terreno, lo que le sorprendió mucho pues él se ha sostenido en su derecho de negar el paso del gasoducto por su propiedad, pese a las crecientes intimidaciones y presiones recibidas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, relatan las organizaciones.
Los empleados de la empresa constructora del gasoducto, la italiana Bonatti, estaban acompañados por personal de la Subsecretaría Jurídica del Gobierno del estado, quienes le dijeron a Rosas Grande que existía una notificación de la expropiación del terreno. El campesino advirtió que el documento —que no había recibido previamente— estaba dirigido a una persona ya fallecida. Miguel Rosas Rosas y doña Elena Rosas Pérez, hijo y esposa del propietario de las tierras, relataron a La Jornada de Oriente que cuando intentaron ingresar a su terreno, uno de los policías federales empujó a la mujer de unos 50 años de edad aproximadamente, a quien le prohibió el paso.
Los trabajadores de la constructora, resguardados permanentemente por los policías y militares, cavaron una zanja, soldaron tubería y trataron de enterrar el tubo ese mismo día. Los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades municipales de Tecuanipan, cuyo titular es Porfirio Aguilar, y del edil auxiliar de Papaxtla, Fortunato Rosas Velázquez, quienes no se presentaron al lugar. El dueño de la milpa presentó una denuncia por despojo ante el Ministerio Público del fuero común de San Andrés Cholula. Sin embargo, el Ministerio Público no ha realizado la inspección ni se ha presentado al lugar la policía ministerial para recabar los testimonios.
El Proyecto Integral Morelos, de carácter energético, involucra a los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la responsable del proyecto concesionado a las empresas Elecnor, Enagas y Abengoa. Se invertirán mil 600 millones de dólares y la encargada de la construcción es Bonatti.
En el diseño del PIM se involucra a 80 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala; consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW) cada una, ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas al día y cuyo trazo atraviesa a 60 pueblos de estos estados; y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19 pueblos del municipio de Ayala, Morelos.
“El conjunto de obras que integran el proyecto, es decir las dos termoeléctricas, el acueducto y el gasoducto, han ido imponiéndose en las comunidades a través de la desinformación, el engaño, la amenaza y la criminalización de la inconformidad social”, denuncian las organizaciones de derechos humanos, y agregan que el gasoducto implica un riesgo latente para las comunidades por las posibles fugas o explosiones y por atravesar zonas de riesgo volcánico. De hecho, en junio pasado, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Puebla ordenó la suspensión provisional de las obras del gasoducto en el municipio de Nealtican, a petición de una ciudadana que señaló el riesgo que implica para los habitantes de la región la instalación de ductos de gas natural, dada la alta actividad del volcán Popocatépetl.
Advierten las organizaciones también que una vez instaladas las industrias, las tierras quedarán devastadas por la contaminación, “lo que podría impactar irreversiblemente en su capacidad para disponer colectivamente de sus propios medios de subsistencia y desarrollar sus condiciones culturales de vida, fundamentalmente campesina”.
Las y los defensores de derechos humanos acusan que las diversas acciones jurídicas y políticas emprendidas para hacer valer los derechos de los pueblos agredidos “han sido sistemáticamente bloqueadas, negadas y amañadas por lo que entre más avanza el tiempo –y con él la obra como puede advertirse- más se acumulan las violaciones a los derechos humanos y la impunidad de los actos delictivos”. Los campesinos de papaxtla cuentan con un amparo que suspende provisionalmente la construcción del Gasoducto Morelos en zona de alto riesgo del volcán Popocatépetl.
Las organizaciones denunciantes piden a organismos internacionales que exhorten al gobierno mexicano a respetar y garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de los pueblos afectados por el Gasoducto Morelos, en vez de cometer actos delictivos y violatorios de derechos humanos en beneficio de las transnacionales beneficiarias del proyecto. También solicitan que se detengan los actos de intimidación, amenazas y expropiaciones exprés arbitrarias e ilegales, se detenga el avance de la maquinaria en las comunidades, y se tomen todas las medidas necesarias tendientes a garantizar la seguridad, la libertad y la integridad de los ejidatarios, ejidatarias, pobladores y personas que participan en la defensa de su tierra.