* Autoridades pretenden negarles el derecho de asilo y deportarlos.
México, DF, 19 de febrero de 2015. Un grupo de migrantes salvadoreños y hondureños, quienes huyeron de sus países por la violencia social y política imperante y pretendieron encontrar asilo en México, se encuentran encerrados indefinidamente en las estaciones migratorias de Tapachula, Palenque y Comitán, Chiapas, con pésimas condiciones de alimentación y salud y alejados de los defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
El grupo de migrantes fue detenido hace meses al llegar a territorio mexicano, y fueron trasladados al centro de detención de Tapachula, Chiapas. Los centroamericanos “se acogieron a su derecho a solicitar asilo, para ser reconocidas como refugiadas y obtener protección en México, de acuerdo al Derecho Internacional y a la legislación nacional de refugio”, relata la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género. Ahí comenzaron a ser asistidas por el Centro Fray Matías de Córdova, y aunque la solicitud de asilo les fue negada en primera instancia, sus defensores interpusieron recursos que están pendientes de resolverse.
De acuerdo con el comunicado de la organización, en la madrugada del 16 de enero de 2015 y tras meses de detención en el centro de Tapachula, trece de estas personas fueron sacadas de sus camas y celdas de manera violenta por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración y agentes de seguridad privada; incluso, algunas fueron esposadas y golpeadas. “Sin entregarles sus pertenencias, sin ofrecerles información clara y haciendo uso de la fuerza, nueve de ellas fueron trasladadas al centro de detención de Comitán, y cuatro al de Palenque, distantes respectivamente 7 y 14 horas de Tapachula. De este modo, actualmente estas personas se encuentran en centros de detención con peores condiciones que el de Tapachula, hacinadas y con pésima alimentación y atención médica”, detalla el comunicado, que denuncia que el artículo 111 de la Ley de Migración de México permite este encierro indefinido.
Los migrantes relataron a su defensores que en conversaciones informales con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), estos les mencionaron que el traslado se realizó con la intención de que, alejadas de sus asistentes legales, las solicitudes de asilo fueran definitivamente denegadas y se ejecutaran las órdenes de deportación, “devolviéndoles así al riesgo y a la desprotección en sus países de origen”.
Las nueve personas que se encuentran presas en Comitán manifestaron que sufren maltrato verbal, trato discriminatorio, ofensivo y vejatorio, además de que las condiciones de estancia y de trato son deplorables, bajo extrema insalubridad, sufriendo intenso frío sin cama ni cobijas adecuadas, sin apenas agua potable y recibiendo una alimentación deficiente e insuficiente, con atención médica prácticamente inexistente, atención psicológica nula, y sin alguna información sobre su situación legal.
La organización denunciante señala que los migrantes deberían haber recibido protección por parte del Estado una vez llegados a territorio mexicano, y en vez de eso “se encuentran carentes de las más mínimas garantías jurídicas y procesales, sufriendo privación de su libertad y viviendo en condiciones infrahumanas”. Además, solicita que los centroamericanos sean puestos en libertad, se agilice su regularización en el país y que se reconozca su condición de refugiadas.