* Preocupación de organismos internacionales de derechos humanos; el gobierno descalifica las críticas.
Ciudad de México, 16 de febrero de 2015. La sistemática desaparición forzada en México, y específicamente el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, motivaron señalamientos al gobierno mexicano por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) y la vigilancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló las inconsistencias en la pesquisa que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR), y pidió al gobierno mejorías en la investigación.
Las recomendaciones del organismo de Naciones Unidas recibieron como respuesta la descalificación del Estado mexicano, a través de comunicaciones del Ejército y de la Secretaría de Gobernación. Las precisiones del EAAF le merecieron una descalificación por parte del procurador federal, Jesús Murillo Karam, mientras que el gobierno anunció oficialmente que colaborará con los expertos de la CIDH.
Las Naciones Unidas, recomendaciones ante la desaparición “generalizada”
Aunque la presentación pública en México de las recomendaciones del CED fue cancelada, el documento se hizo público el 13 de febrero. En él, la instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó al Estado por la impunidad reflejada en “la casi inexistencia de condenas” por el delito de desaparición forzada, tanto en el periodo de la llamada Guerra Sucia como en la actualidad.
El examen del grado de cumplimiento de las obligaciones de México se realizó los días 2 y 3 de febrero; tanto el gobierno como las organizaciones de derechos humanos tuvieron la oportunidad de exponer sus señalamientos ante el CED. El Comité sostuvo que en nuestro país se practican “desapariciones generalizadas” en “gran parte” del país y que el caso Ayotzinapa “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”.
El Comité criticó “las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas”, recomendando entre otros que el Estado priorice la inmediata búsqueda con vida ante cualquier denuncia de desaparición. Constató también “una serie de obstáculos” en el acceso a la justicia en casos de desaparición, incluyendo el hecho de que las autoridades no inicien de inmediato la investigación penal, o clasifiquen hechos de desaparición forzada como otro delito.
México tiene la obligación de sancionar a los superiores jerárquicos en la cadena de mando cuando se cometen desapariciones, recordó el CED. Lo anterior, consideraron organizaciones de derechos humanos, constituye una recomendación crucial para romper el ciclo de impunidad en el contexto mexicano, “donde actualmente las pocas investigaciones por graves violaciones a derechos humanos suelen limitarse a autores materiales de bajo rango, y donde la responsabilidad de diversas autoridades empieza precisamente por no actuar para poner fin a un contexto de abusos y colusión con el crimen organizado”.
CIDH, vigilancia en el caso Ayotzinapa
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, representantes de las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, expresaron su beneplácito por la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH a México.
El grupo comenzará la verificación de la investigación de la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa a partir del 1 de marzo. Su mandato incluye cuatro áreas: La evaluación de las acciones realizadas por el Estado y el apoyo en la elaboración de planes de búsqueda de las personas desaparecidas; el análisis de las acciones llevada a cabo en la investigación, así como hacer recomendaciones y conclusiones sobre las líneas de investigación para determinar responsables penales; evaluar las demandas y necesidades de las víctimas, las respuestas que se han dado hasta ahora y hacer recomendaciones sobre el plan integral de atención a víctimas; y realizar recomendaciones sobre las políticas de búsqueda de todas las personas desaparecidas en México y sobre la atención a víctimas.
El EAAF, dudas sobre la versión histórica de la PGR
El rigor científico de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa fue puesta en tela de juicio por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que cuestionó el envío de 20 perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes con problemas que no permiten su utilización, la interpretación del sitio del basurero como un solo evento de fuego cuando es posible comprobar que no lo es, la recolección de evidencia fuera de los acuerdos de trabajo conjunto establecidos con el Equipo, el abandono de la custodia del basurero, sitio clave en la investigación de este caso, entre otras “serias dificultades”.
El equipo interdisciplinario cuestionó, en un documento hecho público el 7 de febrero, que se intente dar por cerrada la investigación cuando aún faltan meses de trabajo para procesar una cantidad “importante” de evidencia; consideró que los peritajes de la Procuraduría deben ser evaluados por expertos independientes, y reiteró que en su opinión, “no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero con aquellos recuperados, según la PGR, en el Río San Juan”, enlace que es básico en la hipótesis de la Procuraduría.
Además, el EAAF insistió en que la evidencia física hallada debe ser interpretada en todas sus posibilidades, “sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que solo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”. Después de la conferencia de prensa del 27 de enero, en la que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, habrían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, y sus restos arrojados al río San Juan, surgieron voces desde los familiares de los normalistas y organizaciones de derechos humanos que cuestionaron que la investigación y conclusión esté basada en declaraciones que pudieron ser arrancadas bajo tortura.
Organizaciones de derechos humanos han solicitado públicamente que el gobierno proporcione todas las garantías para que tanto el EAAF como los expertos de la CIDH realicen su labor.