* Absuelven a Bettina Cruz. Su criminalización, “un mensaje para quienes defienden el territorio”, considera.
México, DF, 12 de febrero de 2015. Aunque la absolución de la abogada Bettina Cruz después de casi cuatro años de proceso penal en su contra es una buena noticia, las y los defensores del territorio en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, están en riesgo, señalaron organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso. Cruz informó que hay más de 50 defensores acusados de diversos delitos.
Bettina Cruz Velázquez, cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en México, ha defendido activa y públicamente los derechos de los pueblos indígenas en relación a la construcción del parque eólico.
La defensora del territorio fue acusada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional por su supuesta participación en una manifestación (el 13 de abril de 2011) en la que se llamó a no pagar los recibos de la luz, frente a las oficinas de la ex paraestatal. El 22 de febrero de 2012, el Juez Sexto de Distrito del estado de Oaxaca dictó auto de formal prisión en contra de Bettina. La defensora de derechos humanos salió libre bajo fianza, y aunque desde diciembre de 2014 se dio la resolución que la absolvió de las acusaciones, la noticia se dio a conocer ahora que quedó firme.
Bettina sostuvo que su caso es un mensaje de que eso le puede pasar a quienes se oponen a las empresas eólicas. Las organizaciones lo consideran representativo de la criminalización contra los defensores y defensoras comunitarios, señalaron Amnistía Internacional; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Asociadas por lo Justo (JASS); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Red Nacional de Defensoras y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Jacqueline Sáenz, de Fundar, señaló que el proceso contra Bettina estuvo lleno de irregularidades, mientras que Cristina Hardaga, de JASS, reclamó que el Estado evade su responsabilidad de proteger a las defensoras. Amnistía Internacional recordó que la defensora tendría derecho a una reparación del daño causado. Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, aclaró que el tema de fondo es la imposición de megaproyectos sin el consentimiento de los pueblos.
Las organizaciones señalan que este caso evidencia el uso desviado del sistema de justicia en contra de las personas defensoras de derechos humanos, en particular de quienes trabajan en la defensa del territorio frente a la imposición de megaproyectos; se trata de uno de los pocos casos en donde puede emitirse una sentencia que equipara a una protesta con la privación ilegal de la libertad; pone de manifiesto el doble rasero con el cual opera el sistema de justicia para las defensoras de derechos humanos, pues mientras Bettina ha sido injustamente procesada con severidad por delitos que no cometió, los delitos cometidos en su contra para inhibir su labor permanecen impunes; y su caso es emblemático respecto al impacto diferenciado del acoso en contra de las defensoras en razón de ser mujeres.
La defensora de derechos humanos, parte de la campaña #HazQueseVean de la CMDPDH, denunció que el contexto de riesgo de los defensores se inscribe ahora en que está en curso una consulta amañada para imponer más empresas eólicas en la región.
Aunque en 2013 se anunció la cancelación del parque eólico de Mareña Renovables, en enero de 2014, Bettina Cruz alertó que se intenta instalar en Juchitán un proyecto de una empresa llamada Eólica Sur, que resulta ser Mareña Renovables. Se inició el proceso de consulta, pero ésta no se está realizando bajo los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Explica la abogada Bettina Cruz que la consulta no es previa, libre ni informada porque ya hay concesiones expedidas y se persigue a los defensores del territorio. “A las empresas les sale mejor pagar para que nos desaparezcan, que meterse a pelear en un proceso que vamos a ganar nosotros”, explica Cruz. “Y éste es el modelo que se va a aplicar para todo México”, finalizó.