* Autoritarismo y falta de vigencia de libertades democráticas en el estado, acusan organizaciones
México, DF, 12 de febrero de 2015. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denunció que la llamada “Ley Antigraffiti” poblana, propuesta por la fracción panista en el congreso del estado, criminaliza la protesta social y estigmatiza a la juventud, además de ser ilegítima, desproporcionada y en contra de estándares internacionales en materia de protección a los derechos humanos.
La propuesta del diputado Eukid Castañón busca modificar el Código Penal y la legislación procesal para incrementar las penas por los delitos de pandillerismo y daño en propiedad ajena (donde se incluye la realización de graffiti) para convertirlas en delitos graves con sanciones de entre tres y doce años de prisión, perseguidas de oficio y sin derecho a libertad bajo fianza. Para el Frente, esta propuesta y la llamada “Ley Bala” dan cuenta de una política “caracterizada por el autoritarismo y la falta de vigencia de las libertades democráticas en el estado de Puebla que lejos de disminuir, va en aumento”.
El Frente explica que la iniciativa relaciona este tipo de actos con criminalidad o vandalismo, utilizando términos vagos para sancionarlos como ‘bien común’, ‘seguridad colectiva’, ‘bienestar social’ o ‘paz pública’, lo que “es erróneo desde la óptica penal”. Las organizaciones de derechos humanos acusan que el documento no contiene elementos objetivos que justifiquen estos argumentos, “característicos de un derecho penal del enemigo, el cual que asume la diferencia social y política como peligrosa y busca controlar a la oposición mediante el uso del sistema de justicia penal”.
Las organizaciones que conforman el Frente vieron signos de alarma a partir de 2013, cuando vino una cascada de iniciativas de ley –cerca de 20 a nivel estatal y federal en tan sólo un año- para regular las manifestaciones, introducir la obligatoriedad del aviso previo, restringir las libertades asociadas e incluso habilitar el uso de fuerza letal contra las protestas.
El Frente por la Libertad de Expresión señaló en un comunicado que el derecho penal en una sociedad democrática “debe ser el último recurso y en consecuencia, debe activarse únicamente cuando se encuentre en riesgo inminente o se lesione de manera grave la integridad personal, la libertad o la vida de las personas y no debe habilitarse como un mecanismo de control social o de persecución a las expresiones políticas, de disenso y crítica gubernamental o artísticas”.
Detrás de la propuesta de ley, advierte el Frente, se observa una intencionalidad política enmarcada dentro de un contexto regresivo en la protección a los derechos humanos. “Otras manifestaciones de dicha intencionalidad son: la aprobación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales en Puebla (conocida como Ley Bala) -la cual sigue vigente ante la falta de una ley nueva que efectivamente proteja a los derechos humanos- y su utilización sistemática en contra de las personas que protestan; las recientes disoluciones de manifestaciones y detenciones ocurridas el 19 de enero y el 8 de febrero de este año; y el alarmante número de personas procesadas por razones políticas”, detallan las organizaciones.