* Los pobladores de Magú, que se oponen a un desarrollo inmobiliario, lograron retomar las instalaciones arrebatadas por los agresores.
México, DF, 10 de febrero de 2015. Tras el ataque cometido por un grupo de habitantes priistas contra quienes defienden la gestión del agua por usos y costumbres en San Francisco Magú, Estado de México, trece otomíes quedaron lesionados, entre ellos un menor de edad, denuncia el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
El grupo agresor pretendió tomar el control de la delegación municipal y el comité local de agua potable, pero los habitantes se opusieron y retomaron de forma pacífica el edificio, pues “consideran que perder el control de ambas instancia, abre la posibilidad de ver vulnerados sus derechos como pueblo indígena en lo referente a su forma interna de gobierno, la administración autónoma de su agua y la toma de decisiones mediante Asambleas Generales”, sostiene el centro de derechos humanos.
Los hñähñús lograron retener el control de la delegación municipal y el comité local de agua potable, “los cuales se han conducido bajo sistema de usos y costumbres desde tiempos ancestrales”, relata el director del Centro, Antonio Lara Duque. Sin embargo, antes de retirarse, el grupo de 30 personas “dirigidas por Adriana Sobreyra Peña (hermana del alcalde del lugar)”, lanzó amenazas de muerte contra Francisco Nonigo Almazán y Berenice Sánchez Lozada, dos de los principales defensores comunitarios de derechos humanos.
La organización de los habitantes de San Francisco Magú, que cuenta con 15 mil habitantes y está ubicado al norponiente del Estado de México, ha impedido por tres años que la empresa Inmobiliaria Merket Construcciones desarrolle un fraccionamiento de más de diez mil viviendas. De edificarse las casas –proyecto que cuenta con el apoyo de la administración municipal de Nicolás Romero, y del gobierno estatal- se rompería con el modo de vida semi rural de la población y perderían el control del vital líquido, considera el centro de derechos humanos.
El centro Zeferino Ladrillero señala que quedaron seriamente golpeados: Francisco Nonigo Almazán, delegado indígena otomí designado por asamblea general del pueblo de Magú, así como Ignacio Segundo, Ángel Sánchez, Clara Dionisio, Juana Sánchez, David Evangelista, Sabina Pablo, Carlos González, Noé Segundo, Lidia Lucas, Gloria Manuel, Vanesa Lucas y Saúl Sánchez (menor de edad). Señalan como responsables a “integrantes del grupo de apoyo del edil de Nicolás Romero, Martin Sobreyra Peña”.
Ante la situación, los defensores de derechos humanos hicieron un llamado a todas las autoridades competentes en los tres órdenes de gobierno “a intervenir de forma urgente ante la delicada situación que vive San Francisco Magú y en estricto respeto a los Derechos Humanos de las personas y del Pueblo indígena de forma colectiva, garantizar la integridad y la vida de los defensores amenazados, así como respetar sus derechos indígenas, sus administraciones internas como la Delegación Municipal, Consejo de Participación y su Comité Local de agua potable, todos revestidos de un proceso de autonomía indígena”.