* Solicitan abrir al escrutinio público las indagatorias de la PGR; respaldan labor de peritos independientes.
México, DF, 09 de febrero de 2015. Las inconsistencias señaladas por el equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en cuanto a la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) –sobre el presunto asesinato de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala- fortalecen la exigencia de abrir nuevas líneas de investigación y descartar la versión oficial, sostuvieron familiares de los jóvenes.
Ante la respuesta de la PGR, que señaló que los peritos no están calificados para emitir juicios sobre la averiguación, las familias de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre sostuvieron que no confían en la PGR, pues dicha instancia está acostumbrada a fabricar pruebas. Respaldaron, en cambio, la información hecha pública por los expertos internacionales, quienes hacen ciencia y técnica “y no política”, resaltó Melitón Ortega. “La Procuraduría le cree más a delincuentes que a los peritos”, sentenció uno de los representantes.
En conferencia de prensa, padres y madres de los jóvenes mostraron su preocupación, pues temen que los integrantes del EAAF sean atacados por mostrar las debilidades de la indagatoria oficial. Solicitaron que se respete el trabajo que realizan los peritos, que se les entreguen los expedientes completos del caso y que se preserve toda la información para que los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) puedan evaluar la investigación.
El 27 de enero la Procuraduría General de la República (PGR) difundió información sobre lo que calificó como la “verdad histórica” de los hechos, de acuerdo a la cual los estudiantes habrían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, y sus restos arrojados al río San Juan. Ese mismo día, los padres y las madres de los estudiantes enumeraron 10 puntos por los cuales no era posible dar por concluida la investigación ni aceptar la versión oficial.
“La verdad histórica de la PGR se cae a pedazos”, lanzó el vocero de los familiares, Felipe de la Cruz. Otro padre de familia exigió al gobierno que deje de jugar con ellos. Las y los representantes resaltaron que los peritos argentinos demostraron que desde 2009 ha habido varios fuegos en el basurero, por lo que no se sostiene que la evidencia hallada en ese sitio provenga de un solo evento en la noche del 26 de septiembre, como lo propone la PGR, además de que se encontraron en ese lugar restos humanos no pertenecientes a ninguno de los normalistas.
“Nosotros desde el principio desconfiamos, y esto nos demuestra que tenemos razón”, argumentó un normalista. “Desde el principio las autoridades han estado jugando, desde que intentaron imponer la versión de las fosas”, recordó.
La verdad histórica no ha sido establecida, agregaron las madres y padres de los desaparecidos, pues siguen prófugos decenas de implicados; no se ha investigado la protección del Ejército a Guerreros Unidos; no hay un solo juicio por desaparición forzada; no se ha investigado la corrupción política de Guerrero; hay denuncias de torturas contra los detenidos y hay versiones contradictorias en el expediente.
Los familiares de los jóvenes remarcaron también que los obstáculos puestos al EAAF por parte de las autoridades son un incumplimiento de los acuerdos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto en octubre del año pasado. Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, resaltó que solamente el otorgamiento de garantías para el trabajo de expertos independientes podrá dar credibilidad a las investigaciones.
María de Jesús Rangel reclamó que la PGR, al mentir, se convierte en encubridora del crimen. “Hoy más que nunca, estamos seguros de que nuestros hijos están vivos”, finalizaron las y los familiares.