Información Sididh, La edición de hoy, Uncategorized — enero 30, 2015 at 9:00 am

México, a rendición de cuentas ante Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU

*Llega al examen en medio de cuestionamientos por su actuación en el caso Ayotzinapa

Sociedad civil, activa ante las desapariciones forzadas
Sociedad civil, activa ante las desapariciones forzadas

México, a 29 de enero de 2015.- Después de un historial de incumplimiento ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), el Estado mexicano comparecerá por primera vez ante esta instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para medir el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Las organizaciones de la sociedad civil denuncian la falta de acción del gobierno y esperan que las conclusiones del Comité representen un punto de inflexión que permita un cambio profundo en las acciones estatales en la materia.

México llega a este espacio señalado nacional e internacionalmente por usar la desaparición forzada desde la llamada “Guerra Sucia”, explican en un comunicado 16 organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos  Juan Gerardi, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Para los defensores, la persistente impunidad en estos crímenes ha hecho posibles las más de 23 mil desapariciones contabilizadas oficialmente hasta el 2014, y resaltan que sólo existen seis sentencias a nivel federal por casos de desaparición forzada.

En días recientes, diversas voces han acusado al gobierno federal de intentar evitar consignaciones por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, para hacerlo por homicidio o secuestro con agravante de privación de la vida. Las organizaciones firmantes del comunicado sostienen que el caso ha puesto en evidencia el actuar del Estado al violar los derechos humanos fundamentales, para luego incumplir con su obligación de búsqueda e investigación adecuadas que conduzcan al paradero de los estudiantes y permitan conocer la verdad de lo sucedido, sancionar adecuadamente a los responsables y brindar una reparación adecuada y proporcional por los trágicos hechos.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un recuento de los retrasos de México en el cumplimiento de sus obligaciones frente al CED: “El primer informe estatal, cuya fecha límite de presentación era diciembre de 2012, fue presentado en marzo de 2014. Igualmente, México se negó a contestar la petición del Comité de visitar el país durante el 2014 y finalmente demoró y limitó su contestación escrita a las preguntas previas formuladas por el Comité, omitiendo abordar las cuestiones más críticas el número real de personas desaparecidas así como la actuación y respuesta frente a casos emblemáticos como el de Ayotzinapa”. Agregan que  las omisiones del gobierno en la materia lo han hecho merecedor a diversos pronunciamientos de órganos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Hasta el día de hoy, el gobierno mexicano se ha negado a reconocer la competencia del Comité para recibir quejas individuales o interestatales de casos de desaparición forzada, lo cual “limita seriamente los derechos humanos de las víctimas de acceder a instancias que puedan garantizar sus derechos”, explican las organizaciones.

El Comité, que sostendrá un diálogo público con funcionarios mexicanos, también escuchará a organizaciones de derechos humanos y víctimas, quienes ya entregaron informes a la CED. La sesión se realizará los días 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza, y las conclusiones y recomendaciones se darán a conocer el 13 de febrero.  Las organizaciones advierten que ellas y los familiares de víctimas participarán “activamente en las sesiones del Comité CED para exigir que en México ninguna persona vuelva a desaparecer y se esclarezca la historia de decenas de miles de personas cuyo paradero se desconoce, y por las cuales las familias y organizaciones no nos cansaremos de exigir verdad, justicia y reparación”.

México firmó la Convención en febrero de 2007 y la ratificó en marzo de 2008. La Convención entró en vigor hasta el 23 de diciembre de 2010 cuando el país número 20 ratificó la Convención.