Información Sididh, La edición de hoy, Uncategorized — enero 22, 2015 at 8:50 am

México, sin paz a pesar del discurso oficial: PBI

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* Las políticas de seguridad pública, sin cambio desde la “guerra contra el crimen organizado” de Calderón, sostienen las Brigadas Internacionales de Paz.

Militarización en Guerrero / Foto: Tlachinollan

Militarización en Guerrero / Foto: Tlachinollan

México, 21 de enero de 2015. La ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos del ejército; y la desaparición forzada y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa son muestra de que persisten las problemáticas relacionadas con las políticas de seguridad pública y sus efectos sobre el respeto de los derechos humanos en el país, destaca el boletín informativo ¿México en paz? Estrategia de Seguridad y derechos humanos, de Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

¿México en Paz?, a través de entrevistas con defensores de derechos humanos en México, destaca las iniciativas de la sociedad civil organizada para superar la “impotencia” ante los graves riesgos que viven los defensores y periodistas en el contexto de violencia y militarización de la seguridad pública en nuestro país.

La publicación, presentada en la Ciudad de México, sostiene que desde el inicio de la “guerra contra el crimen organizado”, emprendida durante la administración de Felipe Calderón al principio de su presidencia en 2006, México ha vivido un contexto de violencia e inseguridad extrema que ha afectado gravemente al panorama de derechos humanos en el país. PBI es una organización no gubernamental con 30 años de experiencia en el acompañamiento internacional que tiene como objetivo la protección de las personas y organizaciones que promueven los derechos humanos de manera no violenta y que sufren represión por su trabajo.

“Las políticas de seguridad pública implementadas desde entonces se han enfocado en combatir el crimen organizado a través de una estrategia de militarización que resultó en un fuerte aumento de violaciones de derechos humanos. Los factores que permitieron el auge del crimen organizado, tales como la impunidad, la corrupción, y las profundas desigualdades socio-económicas que persisten en México, no se han priorizado tanto como el combate militarizado al crimen organizado”, destaca la nueva publicación.

A través de las voces de los protagonistas de las luchas, PBI presenta un panorama en el que se puede rastrear la conformación de redes de apoyo entre los refugios y casa para apoyar a las personas migrantes en tránsito; la actuación de los grupos de autodefensa y policías comunitarias; la persistencia en la búsqueda de los desaparecidos

“La realidad refleja que la impunidad, a dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, no disminuye aun con la transición hacia un sistema de justicia penal que busca el respeto de los derechos humanos en México”, insiste el texto de José Luis Gutiérrez, abogado y director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos.

En las conclusiones, PBI manifiesta su preocupación por el actual contexto de inseguridad y recomienda a los gobiernos extranjeros que, entre otras acciones, consulten a las personas defensoras y que basen sus programas de cooperación con México, especialmente aquellos como la Iniciativa Mérida u otros enfocados en seguridad y justicia, en los insumos de los defensores de derechos humanos de México. También solicita al Estado mexicano que reconozca la importancia y legitimidad de la labor de las personas defensoras, que asegure su integridad física y psicológica y que implemente efectivamente y con celeridad tanto el Mecanismo de Protección como otras medidas de protección nacionales e internacionales.

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