* El gobierno de Veracruz desacredita la labor del reportero y no realiza una búsqueda en el terreno, sostiene la organización.
México, DF, 20 de enero de 2015. En la investigación del paradero del periodista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo, “no existen reportes de las autoridades estales ni federales sobre los operativos y/o esquemas de búsqueda, tampoco sobre las áreas o zonas geográficas recorridas para identificar la ruta de escape u obtener información que pudiese llevar al paradero del periodista. Por el contrario, las acciones a nivel estatal se han enfocado en una investigación basada en declaraciones”, denuncia la organización no gubernamental Artículo 19.
El fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo, informó que se examinaron cuatro restos humanos hallados en la región zona Sánchez Cerezo fue privado de la libertad, pero ninguno de ellos corresponde al reportero.
Sánchez Cerezo, reportero de La Unión y activista vecinal, fue sustraído de su domicilio por un comando armado en Medellín de Bravo, Veracruz, el 2 de enero de 2015. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) -dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), no ha atraído el caso a pesar de que se trata de un delito grave en el cual posiblemente estén involucradas autoridades municipales y estatales, agrega el organismo defensor de periodistas.
El periodismo y activismo realizado por Sánchez Cerezo, que escribía sobre la situación de violencia e inseguridad local, provocó el enojo del alcalde de Medellín de Bravo, informaron familiares y colegas del reportero. “Tres días antes de la privación del periodista, Moisés se enteró a través de una fuente confiable que el alcalde Omar Cruz Reyes pretendía callarlo dándole una lección”, cita Artículo 19.
La organización defensora de la libertad de expresión acusa que, a pesar de que son fundamentales las primeras horas después de una desaparición para obtener pruebas y testimonios que aclaren el paradero de las víctimas, “las autoridades locales y federales permanecen omisas”. Agrega que la mayoría de los policías municipales no recibieron instrucciones para realizar labores de búsqueda.
El propio gobernador de la entidad ha desacreditado el trabajo periodístico del desaparecido, pues señala que se trata de “un taxista y activista vecinal”, señala la organización. Moisés Sánchez financiaba el tiraje de La Unión con los recursos que obtenía de su trabajo como taxista, además de que conformó, junto con sus vecinos, un grupo de autodefensa para la colonia Gutiérrez Rosas, donde reside.
De acuerdo con datos de Artículo 19, del 2000 a la fecha se ha documentado el asesinato de 15 periodistas en Veracruz, 10 de ellos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. “En virtud de lo anterior, y por la constante narrativa utilizada por las autoridades estatales para desvincular los ataques, las desapariciones y los asesinatos de las labores periodísticas de las víctimas, merece ser cuestionado el carácter imparcial e independiente de las acciones emprendidas por las autoridades estatales y municipales para dar con el paradero y la certera identidad del periodista”, finaliza la nota de Artículo 19.