*Con la imposición de un grupo de autoridades ejidales “falsas” se amenaza a la población y se organiza la toma de tierras de los ch’oles, que luchan por su territorio desde hace más de 40 años
México, 19 de enero de 2015. Con la imposición de autoridades municipales y ejidales, incluyendo a personas acusadas de pertenecer a grupos paramilitares, el gobierno de Manuel Velasco Coello pretende crear una “escalada de violencia” en el ejido Tila, en Chiapas, acusan los ch’oles adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que luchan desde hace más de 40 años por el respeto a la integridad de su territorio. Señalan como responsables “de lo que pueda suceder” a los tres niveles de gobierno.
En una denuncia pública del 17 de enero de 2015, remitida por las autoridades ejidales y Adherentes a la Sexta, los ch’oles (que reclaman la devolución de 130 hectáreas que fueron delimitadas como zona urbana por autoridades agrarias en 1966, a pesar de que la resolución presidencial que reconoció el territorio no las incluye como tales) denuncian que existen un grupo de personas “que están organizando gente para apoderarse de ejido. Son personas violentas y corruptas que no les importa asesinar, reprimir, hostigar; porque están protegidos por ser paramilitares al servicio del gobierno, que les ha entregado en premio el ayuntamiento para cometer sus fechorías y vivir de robar el dinero”. Además, “dentro del ejido están entrando los policías municipales acompañados por los militares, y con todo esto se ve claramente la coordinación de los tres niveles de gobierno para hostigarnos en nuestras tierras”.
El grupo denunciado –promovido por el gobierno estatal para crear conflictos entre los ejidatarios, insisten los adherentes a la Sexta- cobra cuotas a comerciantes y avecindados por medio de sellos falsos y amenazas, acusan los ch’oles, y amenaza a quienes defienden el territorio.
Entre los dirigentes del grupo se encuentran Domingo Gutiérrez Ramírez, “falso comisariado” pues fue nombrado por el gobierno y no por la asamblea, explican los ejidatarios; Evaristo Gutiérrez Martínez, quien ocupó los cargos de comisariado en 1977 y presidente municipal entre 1980 y 1982, cuando fue acusado de asesinar a una persona; Arturo Sánchez Sánchez, presidente municipal entre 1989 y1991, y quien “estuvo preso por participar con el grupo paramilitar Paz y Justicia”; Jesús “Chus” Lugo Gordillo; Jesús Guadalupe Lugo Vázquez, actual secretario del ayuntamiento; Rosalma Lugo Vázquez y Cornelio Trujillo, trabajadores del ayuntamiento señalados por amenazar directamente a los ejidatarios; Carlos Torres López, presidente municipal de Tila entre 1999 y 2001, quien “estuvo preso también por participar como miembro del grupo paramilitar Paz y Justicia”; y por último, Mariano “Jolote” Gutiérrez López, quien “ostenta el supuesto cargo de ‘nuevo’ secretario del Consejo de Vigilancia”.
Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar las 130 hectáreas en disputa a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en 1994. En 1982, el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Aunque se ganó en 2008, el ayuntamiento no restituyó la tierra a los ejidatarios. El caso se envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los adherentes a la Sexta remarcan que el gobernador Velasco Coello se equivoca con la estrategia de promover la violencia, pues las tierras entregadas al ejido son propiedad de la comunidad y no de la Nación, y recuerdan que la Asamblea General es su máxima autoridad y su órgano de autogobierno. Además, aclaran que no existen problemas entre ellos y los avecindados y pobladores, sino que el problema “es este pequeño grupito”.
Los ejidatarios ch’olesse solidarizan en su comunicado con “todas las organizaciones independientes que están sufriendo por los ataques constantes de los malos gobiernos del Estado mexicano, desapariciones forzadas, asesinatos y criminalización de las protestas sociales como un medio para generar terror hacia las comunidades indígenas y organizaciones que luchan por justicia y dignidad”, entre ellas los también ejidatarios de San Sebastián Bachajón –que recientemente fueron desalojados por la fuerza pública de la caseta de entrada a las cascadas de Agua Azul-, los pueblos del Congreso Nacional Indígena (CNI) “que están siendo perseguidos por luchar y defender la madre tierras abajo y a la izquierda” y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por la policía de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
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