*A ocho años permanecen en la impunidad las ejecuciones extrajudiciales y se desconoce el paradero de los desaparecidos.
México, DF, 8 de enero de 2015. Las nuevas órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la masacre de Viejo Velasco, ocurrida en 2006 en el municipio de Ocosingo, Chiapas, violan el principio de presunción de inocencia de los indígenas choles acusados, denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Además, a ocho años de sucedida la masacre, “no se ha realizado una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta con el objetivo de identificar y sancionar verdaderamente a los responsables intelectuales y materiales de los hechos ocurridos. Permanecen en la impunidad las ejecuciones extrajudiciales, sin saber el paradero de dos desaparecidos forzadamente, y el desplazamiento forzado de 36 personas”, agrega el Centro.
A pesar de que en septiembre de 2014 se obtuvo un amparo para los choles, integrantes de la organización Xi’Nich y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional -Antonio Álvarez López, Domingo Álvaro López, Juan Peñate Díaz y Alejandro Álvaro Álvaro-, acusados de ser responsables de la matanza, el 15 de octubre del año pasado, el Juez Mixto del Distrito Judicial de Ocosingo dictó una nueva orden de aprehensión sin que el Ministerio Público haya recabado los elementos suficientes para acreditar la existencia del delitos y la presunta responsabilidad de los indígenas, acusa el Frayba en un boletín de prensa. El Centro de Derechos Humanos considera que con este acto se viola el principio de inocencia de los acusados.
Para el Centro de Derechos Humanos, “la línea de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas ha resultado ineficaz, debido a que han inculpado a las víctimas como los responsables”, quienes han sido “criminalizados y judicializados”. La organización denuncia que desde el primer momento se tergiversó la investigación “de este crimen de lesa humanidad”.
“En el marco de la estrategia contrainsurgente implementada con el Plan de Campaña Chiapas ’94”, el 13 de noviembre del 2006, en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, cerca de 40 personas provenientes de las comunidades Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (de la Comunidad Lacandona), acompañadas por 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas, cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación (con siete elementos a su mando) y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, “agredieron a la comunidad para posteriormente allanar las casas y robar las pertenencias, lo que provocó el desplazamiento forzado de 36 habitantes, la ejecución extrajudicial de cuatro personas y la desaparición forzada de otras cuatro”, recuerda el Frayba en el boletín. El día de los hechos, los acusados se encontraban en el ejido Nuevo Tila, a donde llegaron los desplazados. Los habitantes les brindaron apoyo y organizaron una brigada de observación.
El Frayba señala que el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos reconoce “ampliamente” el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso legal en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que el Estado está obligado a investigar de forma diligente para evitar la impunidad y la repetición de ese tipo de hechos. “Debe aplicarse el principio pro persona y permitir el acceso a la justicia de manera integral y de acuerdo a los estándares internacionales”, insiste el organismo defensor.