*Urge una ley general en la materia, instaurar mecanismos de búsqueda y reconocer competencia de Comité contra Desaparición Forzada
México, DF, 17 de diciembre. En el contexto del 22 aniversario de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recordó al Estado la importancia de crear una agenda —que combata la impunidad— y que responda con urgencia a la crisis de desapariciones en el país, así como de atender las recomendaciones internacionales emitidas al respecto.
Lo anterior implica crear una ley general e integral; el reconocimiento nacional de la figura de declaración de ausencia por desaparición; fortalecer los servicios forenses independientes; instaurar un mecanismo nacional de búsqueda y bancos genéticos; proteger a víctimas y testigos; examinar comunicaciones de quienes aleguen ser víctimas de desaparición; el registro de personas detenidas; la regulación del uso de la fuerza; así como reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Cabe señalar que la Declaración es pilar fundamental de la Convención Internacional sobre la materia; instrumento esencial para el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU; además de que es el mecanismo siempre invocado por familiares de víctimas de desaparición forzada, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, en sus exigencias frente a las autoridades para el cumplimiento estricto de sus obligaciones internacionales.
En este sentido, Javier Hernández Valencia, representante de la ONU-DH en México, aseveró “que todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y su comisión afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales». Es preciso mencionar que el organismo internacional ha acompañado diversas situaciones entorno a la desaparición, tanto forzada como involuntaria, de la mano de familiares de las víctimas y de organizaciones civiles.
Por ello, la ONU-DH destacó “el rol invaluable e insustituible” que estos tienen, por lo que llamó a las autoridades mexicanas a abstenerse de realizar acciones que interfieran con dicha labor “tales como injerencias arbitrarias, descalificaciones públicas o cualquier otro tipo de acción indebida frente el ejercicio legítimo de los derechos consagrados en la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”.
En México, la ONU-DH ha impulsado y acompañado diversos procesos como la adopción de la primera legislación especial sobre declaración de ausencia de personas desaparecidas en Coahuila; los esfuerzos en Nuevo León de víctimas, familias, organizaciones y autoridades estatales para generar espacios de diálogo y acción eficaz para lograr progresos en las investigaciones; y el retiro de la reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que impedía que las desapariciones forzadas perpetradas por militares fueren del conocimiento de autoridades civiles.
El trabajo de la ONU-DH en nuestro país “se desarrolla en un contexto en el cual no debemos perder de vista que las desapariciones de los estudiantes normalistas ocurridas en Iguala, Guerrero, siendo un acontecimiento que se configura como una violación muy grave a los derechos humanos, se suma a una historia reciente de México en la que numerosas desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos siguen afligiendo a muchas familias y se añaden a las desapariciones cometidas en la etapa de la así denominada Guerra Sucia”.
14/OVH