Información Sididh, La edición de hoy, Uncategorized — diciembre 16, 2014 at 8:45 am

Detención de líderes yaquis, resultado de políticas de despojo y criminalización de pueblos

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*Persecución de la Tribu Yaqui,es una muestra del trato que el gobierno da los pueblos originarios

Movilización efectuada frente al Palacio de Gobierno de Sonora para exigir la liberación de Mario Luna y Fernando Jiménez | Foto: Serapaz

Movilización efectuada frente al Palacio de Gobierno de Sonora para exigir la liberación de Mario Luna y Fernando Jiménez | Foto: Serapaz

México, DF, 15 de diciembre. Autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui de Sonora, advirtieron que la injusta encarcelación de sus líderes Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, responden “al diseño institucional de las políticas y planes de despojo del Estado”, así como a la criminalización y fabricación de delitos en contra de los pueblos indígenas que aún mantienen intactos sus territorios y recursos naturales.

Luego de una movilización efectuada frente al Palacio de Gobierno de Sonora para exigir la liberación de ambos líderes, las y los miembros de la Tribu Yaqui recordaron que la lucha de su pueblo por la defensa del territorio y el agua, pero también de la libre determinación, del reconocimiento irrestricto ancestral en instituciones propias, formas de organización y gobierno tradicional, “no ha estado al margen de la óptica política del tratamiento antes mencionado”.

“El proceso y situación que vive la Tribu Yaqui en el contexto de la lucha por la defensa de nuestro patrimonio ancestral, el agua, nuestro derecho histórico, nuestro derecho legal (…) es sintomática del país, del trato que recibe nuestro pueblo y todos los pueblos originarios”, lamentaron las autoridades tradicionales.

También ejemplificaron la crisis actual del Estado mexicano, haciendo referencia al caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa: “Lo que hagan con los jóvenes de Ayotzinapa, lo van a querer hacer con todos los jóvenes mexicanos, y lo que hagan con la tribu yaqui, lo van a querer hacer con todos los pueblos, tribus y naciones indígenas de México”, advirtieron.

Asimismo, denunciaron que, para ello, “la política y el plan de despojo, acciona la puesta en marcha de acciones focalizadas, de acallar las voces mediante la persecución política, criminalizar las luchas, aprisionar las voces más visibles, la desaparición y el asesinato”. Y reiteraron que dicho accionar “no opera, si no existe la colusión de intereses, y en esto juegan un papel muy importante los tres niveles de gobierno, quienes se han hecho expertos en violar la ley por todos los medios”.

Cabe recordar que la lucha de la Tribu Yaqui deriva de la construcción del Acueducto Independencia, el cual opera ilegalmente, ya que se vulneró el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas, a pesar de que existe una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respetar dicho derecho, pero también a presentar el manifiesto de impacto ambiental de la obra así como el estatus legal actual de los títulos de adquisición de agua, adquiridos por el gobierno de Sonora el sexenio pasado.

Respecto a la lucha que la Tribu ha realizado a lo largo de los años en contra de la operación ilegal del megaproyecto, está ha sido pacífica y por las vías correspondientes: Difusión de medios informativos, denuncias, movilizaciones sociales, resistencia civil pacífica y actos de desobediencia civil en este mismo tenor. Es por ello que exigieron el cese a los procesos penales de Luna Romero y de Jiménez Gutiérrez.

Aunado a la movilización, que estuvo acompañada de la lectura del pronunciamiento en lengua yaqui y al español así como de diversas actividades solidarias; senadoras y senadores de diversas fuerzas políticas enviaron una carta al Juez Tercero de Primera Instancia de Materia Penal, con residencia en Hermosillo, Sonora —quien lleva el caso de los líderes yaquis— externaron su preocupación por el curso del proceso penal y llamaron al juez a actuar conforme la Ley para determinar la situación jurídica de los dos luchadores sociales.

“Nosotros damos constancia de la integridad ética de ambas personas, sabemos del importante papel que ambos han jugado en el proceso de lucha que han emprendido contra el despojo de su agua, en defensa de sus derechos como Tribu Yaqui y como Nación Indígena, en un contexto terriblemente adverso, pues somos conscientes de los agravios cometidos en su contra a lo largo de 500 años de reiterados intentos para su dominación”, precisó el escrito.

14/OVH