*De 2001 a la fecha, 34 activistas han sido asesinadas; Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Veracruz y DF, los estados más peligrosos
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 15 de diciembre. “En México, las defensoras de derechos humanos están siendo violentadas”; así lo revela el informe Defensoras somos todas, en el que se presenta un diagnóstico nacional sobre las organizaciones de trabajo, puestos que ocupaban y temas que documentaban las mujeres que defienden y promueven los derechos humanos cuando fueron agredidas, en su mayoría por agentes del Estado.
Presentado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH-Morelos) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) —en conjunto con otras organizaciones—, el diagnóstico señala que de 2001 a la fecha, 34 defensoras han sido asesinadas, destacando ocho casos en Guerrero, siete en Chihuahua y cinco en el DF. Asimismo, el documento precisa que los estados más violentos para que las defensoras realicen su labor son Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Veracruz y el DF.
Como muestra del contexto violento en que las mujeres defensoras se desenvuelven, el informe menciona que entre 2006 y 2009, la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) tuvo conocimiento de 54 cartas alegatorias y acciones urgentes con relación a agresiones a defensoras y defensores en México; mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó —de 2000 a la fecha— 66 medidas cautelares a nuestro país, de las cuales 29 fueron para la protección de 87 mujeres, principalmente de Chihuahua, Chiapas y Oaxaca.
Al respecto, la defensora Paloma Estrada y Juliana Quintanilla, ambas integrantes de la CIDH-Morelos, lamentaron que “los estados reincidan en las agresiones y en el número de las medidas cautelares (otorgadas) y que el gobierno no haga nada”, ya que la mayoría de las agresiones permanecen impunes y no se han agotado todas las líneas de investigación en los casos, así como los obstáculos que ha puesto la actual administración de Enrique Peña Nieto en las investigaciones que datan del sexenio pasado.
Asimismo, la defensora informó que los principales tipos de agresión contra las mujeres activistas (pero también periodistas), además de los feminicidios, son las de tipo psicológico, que incluye amenazas tanto personales como dirigidas a familiares, intimidación, acoso, hostigamiento y difamación; pero también son constantemente víctimas de violencia física, sexual, económica, patrimonial, por mencionar sólo algunos ejemplos de la especial vulnerabilidad de las defensoras.
Las defensoras también advirtieron del aumento en las agresiones a mujeres activistas y periodistas a raíz de las manifestaciones en torno a la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por policías de Iguala desde el 27 de septiembre. Destacan las agresiones físicas así como detenciones arbitrarias de quienes participan en los actos, lo que pone en evidencia el aumento de la criminalización de la protesta social en México.
Por su parte, Atziri Ávila de la RNDDHM, añadió que el informe Defensoras somos todas también da cuenta de la realidad actual de las defensoras, quienes se enfrentan a la falta de reconocimiento de su trabajo: “Somos cuestionadas por la transgresión de estereotipos y roles de género y nuestra labor es invisibilizada frente a la de los defensores”, lamentó.
El diagnóstico da cuenta de los principales responsables de las agresiones contra mujeres defensoras, entre los que destacan agentes del Estado solos o en contubernio con el crimen organizado, grupos paramilitares u otros desconocidos; no obstante, la defensora refrendó el compromiso por la defensa y promoción de los derechos humanos de ella y sus compañeras, y aseguró que continuarán negándose a “normalizar la violencia” ejercida contra ellas mientras realizan su labor.