*Exigirá una reparación integral del daño incluyendo garantías de no repetición y la investigación de los responsables de la tortura
Tegucigalpa, Honduras,10 de noviembre. Ángel Amílcar Colón Quevedo quién permaneció privado de su libertad, por cinco años, siete meses y seis días, regreso a su país, acompañado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT).
Acompañado por ambas organizaciones, demandó la reparación del daño y la adopción de medidas estructurales para evitar que más migrantes sufran su misma situación.
Ángel Amílcar relató que en enero de 2009 se vio obligado abandonar su país para intentar llegar a Estados Unidos, por la grave situación económica que atravesaba su familia y la enfermedad de uno de sus hijos. Narró que durante su trayecto por México, vivió lo que cientos de migrantes hondureños sufren, es decir, múltiples engaños y abusos, tanto a manos de coyotes como agentes del Estado.
En marzo de 2009 en la ciudad de Tijuana, fue engañado por un coyote que le prometió falsamente ayudarlo a cruzar la frontera con Estados Unidos. En cambio lo llevó bajo amenazas a una casa, donde cuatro días después se realizó un operativo policiaco. Tras ser detenido, Ángel fue tratado como delincuente, y no como víctima. Después de ello sufrió una larga serie de violaciones a su integridad física, entre las que destacan la tortura física y psicológica, por elementos de la Policía Federal y el Ejército mexicano y le fueron violados sus derechos a la defensa adecuada, a la asistencia consular y a la no discriminación.
Afortunadamente, con la intervención de las expertas del CPTRT, la Psicóloga Carmen Martínez y la Doctora Eliomara Lavaire, le fue practicada a Ángel Amílcar la prueba científica idónea, para documentar la tortura, mediante la aplicación del Protocolo de Estambul. Con base en dicha prueba, fue posible que el Centro Prodh y Amnistía Internacional solicitaran a la Procuraduría General de la República que se desistiera de los cargos fabricados en contra de Ángel, lo que derivó en su liberación.
Por lo tanto, comprendiendo que el Protocolo de Estambul es fundamental para documentar y prevenir la tortura, Ángel Amílcar exige que tanto en México como en Honduras se adopte la práctica de pericial basada en las directivas emanadas del Protocolo de Estambul, tal y como ha sido recomendado a ambos Estados por diversos organismos internacionales de derechos humanos.
Es importante mencionar que, a partir de información recolectada por el Centro Prodh y publicada en el informe “Migrantes en prisión. La incriminación de migrantes en México, otro destino trágico” es posible afirmar que en México hay al menos 400 personas hondureñas privadas de la libertad en centros federales y estatales de reclusión. En otras palabras, el caso de Ángel Amílcar sólo es un botón de muestra de una grave situación de violación a derechos humanos de migrantes hondureños en México, además de los secuestros, las desapariciones y las ejecuciones. Por lo tanto, es fundamental que el Estado hondureño cumpla su obligación de proteger a sus connacionales, incluyendo aquellas personas que han sido detenidas y privadas de libertad en México.
Finalmente, Ángel anunció que ha solicitado que el Estado mexicano en coordinación con el Estado hondureño, reparen integralmente el daño por las graves violaciones a derechos humanos que sufrió, incluyendo la adopción de medidas de derecho interno que garanticen que hechos como los que él tuvo que padecer no se repitan nunca más y que además los policías y militares que lo torturaron sean investigados efectivamente en el marco del absoluto respeto a sus garantías constitucionales.