• Aumentará violencia, pero haremos “nuestro mejor esfuerzo”: General Espitia.
Después de que en el 2009 la violencia en Ciudad Juárez alcanzó niveles que llevaron a la iniciativa privada local a pedir la intervención de cascos azules de la ONU para detener la violencia generalizada, el responsable por parte de la Sedena del Operativo Conjunto Chihuahua, general Felipe de Jesús Espitia Hernández señaló que será muy difícil que se detenga la violencia criminal en aquella entidad pero “las fuerzas federales trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo”. Según consigna El Universal, el militar recordó que “los años anteriores han sido difíciles para combatir la ola de violencia, sobre todo en Ciudad Juárez y para este año se espera que aumente más, puesto que está por entrar un periodo electoral, lo que hará más complicado frenarlos”. También señaló que se espera la llegada de 6 mil elementos militares para relevar a quienes han participado en el operativo.
Mientras tanto el domingo 3 de enero fue asesinada, frente a su expendio de barbacoa en el ejido el Sauzal, Josefina Reyes tras resistirse a ser secuestrada. Aparentemente los asesinos le habrían dicho “te crees muy chingona porque estás con las organizaciones”. Reyes había acudido la semana anterior junto con Cipriana Jurado ante un fiscal militar, en relación con la muerte de Saúl Becerra y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga. Por estos hechos Amnistía Internacional ha emitido una acción urgente pues considera que otros activistas, especialmente Cipriana Jurado, se encuentran en riesgo por su posición crítica en torno a la presencia militar en Juárez.
Reyes había tenido una activa participación en el foro contra la Militarización y la Represión, organizado por el Frente Nacional Contra la Represión en agosto pasado. Reyes había realizado una huelga de hambre frente las instalaciones de la PGR en Juárez para exigir la aparición de su hijo, secuestrado por los federales. También había sido detenida por encabezar protestas contra el operativo. Sus familiares denunciaron que han tenido que abandonar sus domicilios por las constantes amenazas del crimen organizado con el que negaron cualquier vínculo.