Información Sididh, La edición de hoy, Uncategorized — octubre 8, 2014 at 8:45 am

Cejil condena homicidio y desaparición de estudiantes en Guerrero

*El Estado debe garantizar a las familias sus derechos a obtener verdad, justicia y reparación

Ayotzinapa | Imagen retomada de  origen noticias
Ayotzinapa | Imagen retomada de origen noticias

San José, Costa Rica, 7 de octubre de 2014. Ante la violencia vivida recientemente en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) considera necesario que se garantice la seguridad de las y los estudiantes desaparecidos, así como la de sus familiares y defensores(as) de derechos humanos que han denunciado los hechos ante las autoridades mexicanas. En particular, solicitamos que se proteja a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Según la información brindada a Cejil, los eventos comenzaron el pasado 26 de septiembre, cuando estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos se dirigían desde la ciudad de Iguala a la ciudad de Chilpancingo en México, después de llevar a cabo una actividad de colecta de recursos para cubrir los gastos del centro educativo.

En el trayecto, fueron cercados por patrullas de la policía que tras dispararles detuvieron a varios de ellos. Durante los siguientes días, continuó la violencia por parte de personas no identificadas, la cual  resultó en tres fallecidos, seis heridos y, hasta el momento, 43 desaparecidos.

Según ha trascendido públicamente, el pasado sábado 4 de octubre se hallaron cinco fosas en las cuales podrían encontrarse algunos cadáveres de los estudiantes. CEJIL insta a las autoridades mexicanas a esclarecer lo antes posible la identidad de estos cuerpos, a continuar con la búsqueda de los jóvenes no encontrados, y en su caso, a identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de estos graves hechos.

De igual forma, se les exhorta a mantener contacto permanente con los familiares de los jóvenes desaparecidos y sus representantes de manera que se garantice su derecho a acceder a la información y a participar en todas las etapas del proceso de investigación. El Estado debe garantizar sus derechos a obtener verdad, justicia y reparación.