*ONU, Fundar, Comité Cerezo exigen verdad y justicia para las familias de los 43 estudiantes
México, DF, 5 de octubre. Luego de que el sábado 4 de octubre se localizaran seis fosas clandestinas en la colonia Pueblo Viejo en Iguala, la sociedad civil se puso en alerta, pero sobre todo a las familias de los 43 normalistas desaparecidos, ante la posibilidad de que puedan ser los restos de los estudiantes.
Ante ello, Fundar demandó de que se realice una investigación expedita e imparcial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, que garantice el derecho de los familiares y la sociedad en su conjunto a la verdad y la justicia. En este sentido, exigieron a la Procuraduría General de la República que el proceso de identificación forense se lleve a cabo dentro de los más altos estándares científicos y garantizando el respeto de los derechos de las víctimas en los términos del artículo 21 de la Ley General de Víctimas, que establece, entre otros, el derecho de los familiares a designar peritos independientes.
Cabe recordar que el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, hubo varios eventos violentos que ocasionaron la muerte de 6 personas (una de las cuales fue encontrada con signos de tortura), 14 heridos y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Por su parte, Comité Cerezo señaló mediante un comunicado que “el ataque, la ejecución extrajudicial, las desapariciones forzadas en contra de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, es el resultado de la política sistemática de violaciones a los derechos humanos en contra de las y los mexicanos, y una muestra inequívoca de la estrategia de represión dirigida contra el movimiento social organizado, la cual se constituye en terrorismo de Estado”.
La Jornada publicó la opinión de diversas organizaciones sobre las fosas localizadas, en donde la mayoría coincidió que los hechos demuestran el vínculo entre las fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada.
Dolores Martínez Saravia, directora de Servicios y Asesoría para la Paz, llamó a las autoridades a seguir con el proceso de búsqueda de los jóvenes desaparecidos y llevar a cabo un proceso de identificación de cuerpos totalmente profesional y científico, y destacó que este hecho es un «gravísimo ejemplo» de la interacción entre servidores públicos y criminales.
Mario Patrón, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, llamó a las autoridades estatales y federales a dar certeza a los familiares de los normalistas sobre la identidad de los cuerpos encontrados, e investiguen el nivel de complicidad entre delincuentes y servidores públicos.
Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, se dijo consternada por el descubrimiento de las fosas y apuntó que los sucesos actuales en Iguala pudieron haberse evitado si en su momento hubieran tomado en serio las acusaciones contra el presidente municipal José Luis Abarca, por su presunta participación intelectual y material en el asesinato del activista Arturo Hernández Cardona.
Edgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, indicó que las fosas clandestinas en Iguala y el posible hallazgo de los cuerpos de los normalistas desaparecidos es una «tragedia» que muestra la incapacidad de los gobiernos estatal y federal para instrumentar una búsqueda eficiente.
El Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU México) condenó “enérgicamente” los hechos de violencia y la desaparición de 43 estudiantes. Difundió mediante un comunicado que están “profundamente conmovidos por lo ocurrido y se une respetuosamente a la zozobra de las familias”. Señalaron que la desaparición de tantas personas, “coloca lo acontecido entre los sucesos más terribles de los tiempos recientes”.