*Piden al Senado de la República se respeten los principios básicos de consulta
México, DF, 2 de octubre. En el contexto del próximo nombramiento de quien presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2014 a 2019, organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta dirigida al Senado de la República en la que exigieron que el proceso de designación sea “claro, equitativo, abierto a la ciudadanía, transparente, democrático y sobre todo, participativo”, así como un dictamen final que funja a su vez como mecanismo de rendición de cuentas respecto a las decisiones tomadas durante el procedimiento.
A través de un comunicado, la sociedad civil precisó que la asignación del o la titular de la CNDH debe ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la participación y representación de las fuerzas sociales en el sentido de abonar a la solidez y legitimidad de origen de la institución, esto de acuerdo con los Principios de París, un estándar internacional promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En este sentido, y dado que aún no se ha armonizado la ley de la CNDH con el artículo 102 B constitucional (reformado en junio de 2011, respecto a los lineamientos que se deben observar para la designación del titular), las organizaciones pidieron que la designación se lleve a cabo siguiendo los lineamientos que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre proceso de consulta pública.
El escrito especificó que dicha instancia resalta tres principios fundamentales para la consulta: Notificación, la cual implica que la autoridad — en este caso el Senado— emita de manera relevante y oportuna a la ciudadanía, información sobre el proceso de designación, con el fin de “propiciar la comunicación como preludio de una posterior consulta que llevará a cabo con los grupos de afectados y de organizaciones interesadas”.
La consulta comprende “la búsqueda activa por parte del Senado de opiniones de individuos, grupos, asociaciones, organizaciones interesadas y/o afectadas”. Este principio implicaría la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía con el fin de identificar problemas actuales en la CNDH y “abonar con ello a la evaluación de la gestión de quien desea reelegirse (…) o bien, en el caso de un nuevo proceso, para contrastar con el perfil y la trayectoria de los nuevos aspirantes”, señaló el comunicado.
Con la finalidad de facilitar el fortalecimiento de la CNDH así como el cumplimiento de sus objetivos “y la generación del consenso y apoyo político con los que un órgano no jurisdiccional de protección a los derechos humanos debe contar”, la OCDE estipula que, mediante la participación, se debe involucrar de manera activa a las personas, grupos y organizaciones interesadas.
Las organizaciones refrendaron su compromiso “para abonar a la transformación de las instituciones y de sus prácticas, a favor del respeto y la protección de los derechos humanos de todas y todos”, sobre todo en el actual contexto “de crisis de derechos humanos (…) manifiesta en la inestimable cifra de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, homicidios; en la persistencia de la tortura y otros tratos inhumanos y crueles, en las detenciones arbitrarias, el abuso a migrantes, en la situación que viven sus personas defensoras y también las y los periodistas”.
El comunicado fue emitido por Artículo 19; Amnistía Internacional México; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Grupo de Información en Reproducción Elegida; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
14/OVH