La edición de hoy, Los medios destacan — septiembre 29, 2014 at 8:30 am

Este 29 de septiembre los medios destacan

Medios convencionales

La «indisciplina» militar que mato a 22 personas/Proceso Sólo bajo presión las autoridades mexicanas debieron reconocer que lo ocurrido el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya es demasiado turbio, por lo que debe ser aclarado. Testimonios y fotografías desmienten la versión original, la de un supuesto enfrentamiento entre militares y criminales, y hablan en cambio del asesinato de presuntos delincuentes que ya se habían rendido. Sedena ya consignó ante un juez militar a ocho de los participantes en esa acción, acusándolos de “desobediencia” e “indisciplina”.

Los energéticos sí tienen liga con derechos humanos, contradice ONG al ombudsman/La Jornada La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos señaló que no comparte la noción de derechos humanos que tiene Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues señaló la red que no se puede separar a las personas de sus garantías individuales.

Urgen a registrar casos de tortura/Reforma México requiere de una base de datos de víctimas de tortura que permita analizar los patrones en esa práctica violatoría de los derechos humanos, considera el Instituto Nacional para la Seguridad y Democracia (Insyde). Esa base de datos debe estar a cargo de las comisiones estatales de derechos humanos, así como de organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones, víctimas y activistas evaluarán trabajo de la CNDH/Uno más uno En la Cámara de Diputados, se llevará a cabo el segundo coloquio «Evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos», donde organizaciones sociales, activistas y víctimas de violaciones a los derechos humanos, presentarán su postura sobre la renovación de dicho organismo autónomo, recordó la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC).

Indagan agresión a migrantes en Sinaloa/La Jornada La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investiga la probable agresión de policías federales contra un grupo de migrantes en la zona turística La Marina. De acuerdo con testigos, los agentes dispararon contra los indocumentados que viajaban sobre el tren del Pacifíco, a quienes bajaron, golpearon y detuvieron el 9 de septiembre.

Chiapas, más pobre que antes de 1994/Revolución 3.0 Aunque ha sido uno de los estados más subsidiados del país en los últimos 20 años, Chiapas sigue siendo el estado más pobre de México, con condiciones aún peor que antes de 1994 año del levantamiento armado zapatista que reivindicó su alzamiento en la miseria y marginación de los pueblos y comunidades indígenas, señaló el economista Jorge Alberto López Arévalo.

Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia/Subversiones Este 25, 26 y 27 de septiembre en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, perteneciente al municipio de Quiroga, Michoacán tendrá lugar la audiencia temática final: Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado del Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México. En ella diversas organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos y víctimas, entre otras; presentarán su casos ante los jueces de dicho tribunal ético internacional de carácter no-gubernamental.

Mujer acusada por gobernador de Sonora aguarda su libertad/Cimacnoticias Tres años después de que Gisela Peraza Villa fue encarcelada, torturada y acusada de robar dinero y joyas a la familia del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, se encuentra como al principio: acusada sin pruebas y en espera de que termine el sexenio del mandatario estatal, pues tanto ella como su familia consideran que ése es el plazo para que salga de prisión.

Declaran estado de excepción en oeste de Guatemala tras masacre indígena/Kaos en la Red Luego de que murieron 11 líderes de comunidades indígenas en San Juan Sacatepéquez (oeste) a manos de activistas a favor de la construcción de proyectos cementeros en su territorio, el Gobierno guatemalteco prohibió las manifestaciones y las reuniones de los movimientos en resistencia para evitar más violencia.