*OSC instan a promulgar Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas
México, DF, 24 de septiembre. El próximo 26 de septiembre, se cumplirán siete años de la desaparición forzada del activista José Francisco Paredes Ruiz, en la ciudad de Morelia, Michoacán, la cual se dio en el contexto de la “política represiva” de criminalización de la protesta social y la persecución de luchadores sociales y defensores de derechos humanos durante el sexenio de Felipe Calderón; sin que a la fecha se tenga información sobre su paradero.
A través de un comunicado emitido por la Fundación Diego Lucero y el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, se precisa que “el 23 de septiembre de 2007, Paredes Ruiz participó en los actos conmemorativos de esa fecha en Madera, Chihuahua, y el día 25 ya estaba de regreso en Morelia”.
Lo último que se supo del luchador social fue que realizó una llamada, a través de celular, a una de sus hijas aproximadamente a las seis y media de la tarde para avisarle que ya se dirigía a su domicilio, sin embargo no llegó, “y el día 28 cerca de su domicilio fue localizada su camioneta abierta”, precisó el escrito.
En la década de los 70, José Francisco Paredes Ruiz fue militante del Movimiento Armado Revolucionario (MAR) y permaneció varios años como preso político en la cárcel de Lecumberri, en el DF, hasta que se promulgó la Ley de Amnistía. Posteriormente fue miembro activo de la Fundación Diego Lucero, que trabaja en defensa de los derechos humanos en México, especialmente para el esclarecimiento de los cerca de mil 300 casos de desaparición forzada durante la llamada Guerra Sucia.
En este sentido, las organizaciones que suscribieron el comunicado, exigieron al gobierno mexicano “tomar todas las medidas necesarias para la presentación con vida de Francisco Paredes Ruiz, garantizando su integridad física y psicológica así como las garantías al debido proceso y de seguridad jurídica”. Asimismo, recordaron la urgencia de aprobar el proyecto de Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas.
Cabe destacar que desde hace más de una década, familiares de desaparecidas y desaparecidos, “particularmente la familia Guzmán Cruz, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Fundación Diego Lucero, presentaron y promovieron ante el Congreso de Michoacán una iniciativa de Ley sobre la desaparición forzada de personas, demanda a la que se sumó desde su creación el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México Alzando Voces”, señaló el escrito.
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