*Activistas en México “con frecuencia enfrentan cargos penales falsos para disuadirles de reclamaciones de DH»
México, DF, 22 de septiembre. Mario Luna Romero, activista indígena, corre peligro de ser sometido a un juicio injusto, tras haber sido detenido el 11 de septiembre por la Policía Estatal investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora sobre la base de una orden de detención dictada en 2013, por su presunta implicación en el supuesto robo de automóvil y secuestro de Francisco Antonio Delgado Romo, miembro de la comunidad Yaqui, quien se encuentra vinculado al gobierno del Estado de Sonora.
En junio de 2013, Francisco Antonio Delgado Romo, aparentemente embistió con su automóvil a los manifestantes que participaban en un corte de carretera para manifestarse contra el acueducto. Los miembros de la comunidad lo aprehendieron y lo mantuvieron retenido durante dos días antes de dejarlo libre. Después de que la esposa de Francisco Delgado presentara una denuncia, el Ministerio Público del Estado de Sonora presentó cargos por privación ilegal de la libertad y robo de automóvil contra Mario Luna Romero y otros tres dirigentes comunitarios.
“Se teme que la causa contra él pueda ser de motivación política, por su destacado papel en las protestas contra un acueducto que afecta al acceso al agua de la comunidad indígena Yaqui”, alertó Amnistía Internacional (AI).
Mario Luna Romero es traductor y portavoz de la comunidad indígena Yaqui, con sede en la localidad de Vicam, y ha encabezado las protestas y acciones judiciales para detener la construcción y el funcionamiento del Acueducto Independencia, que toma agua del río Yaqui, en la represa de Novillo.
Los gobiernos Estatal y Federal no han obtenido el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, mediante un proceso transparente, para la realización de este proyecto. Así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenando que se tomaran medidas correctivas, como lo son un nuevo informe de impacto ambiental y un proceso de consulta con la comunidad. Pese a que se han dictado diversas órdenes judiciales de suspensión del proyecto, la construcción ha continuado, hasta permitir que el acueducto inicie su funcionamiento, lo que ha dado lugar a una reducción significativa de los niveles de agua.
Amnistía Internacional ha examinado las pruebas presentadas contra Mario Luna Romero y teme que la causa contra él esté sesgada y sea de motivación política. El 17 de septiembre pasado, le fue dictado auto de formal prisión.
“Con frecuencia, en nuestro país, los activistas indígenas como Mario Luna Romero enfrentan cargos penales falsos formulados para disuadirles de continuar con sus reclamaciones legítimas de derechos humanos” – afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México.
El uso de cargos penales con motivación política sigue siendo una práctica relativamente habitual en el ámbito estatal, donde las procuradurías a menudo actúan bajo la influencia de los asuntos políticos locales.
Por ello, es importante que las autoridades garanticen la imparcialidad de todas las investigaciones criminales, un juicio justo y que se respete su derecho a no ser objeto de cargos penales con motivación política.