«No tienen ningún argumento jurídico válido para mantenerme encerrado. Es claro y evidente que soy un preso político, porque están violando todos mis derechos políticos, constitucionales y humanos. Me acusan de un delito inexistente, del cual no fui partícipe; en la tribu yaqui se aplicaron las normas y leyes internas, y usos y costumbres, a una persona que se dijo yaqui y que además resultó un conocido operador político de Guillermo Padrés», denuncia Mario Luna Romero, autoridad y vocero de la tribu yaqui, una de las figuras más visibles del rechazo al acueducto Independencia, detenido, el pasado 11 de septiembre, en Ciudad Obregón. La Jornada