El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la intención de la PGR de condenar a 40 años de prisión a Albertá Alcántara y Teresa González por los mismos hechos que se imputaban a Jacinta Francisco Marcial, refuerza la percepción cada vez más generalizada de que se trata de una acción que más que buscar la justicia, intenta reforzar la criminalización de la protesta social en contra de colectivos que denuncian abusos o reivindican derechos, y en este caso particular trata de ejercer una suerte de revancha contra quienes evidenciaron los abusos de los agentes de la AFI.
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